El que fue presidente de la mesa de evaluación de las licencias en el concurso para otorgar nuevas licencias de radio en frecuencia modulada (FM), Fernando Ríos Rull, ahora comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, y la secretaria de dicha mesa, Cándida Hernández Pérez, ambos imputados por prevaricación y tráfico de influencias, declararon el pasado día 23 en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, que instruye la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. La impresión que queda tras oír las declaraciones de Fernando Ríos es que busca un chivo expiatorio señalando al asesor Manuel Almeida como supuesto autor ideológico de los criterios de evaluación no previstos en las bases y que dieron pie a las discutidas adjudicaciones y a los procesos judiciales que han seguido después.

Las declaraciones de Fernando Ríos y Cándida Hernández giraron en torno a la aprobación de criterios de valoración de las ofertas presentadas al margen de los previstos en las bases y a las circunstancias que llevaron a escanear las peticiones presentadas en papel por parte de algunas empresas que o bien no llevaron la documentación en CDRom -como exigían las bases del concurso- o los discos estaban rotos, eran ilegibles, estaban en blanco o tenían un contenido distinto a la documentación presentada en papel. Ríos, que cuando se convocó el concurso de licencias de FM también era secretario general de Presidencia, contestó a las preguntas de la magistrada, pero se negó a hacerlo con las de la acusación particular. No estuvo presente el fiscal.

Ríos quiso dar a entender que la imposibilidad de baremar el concurso de radios de FM en Canarias fue una cuestión que surgió de improviso "a la vista de las ofertas presentadas". Eso, a pesar de que, por su condición de secretario general de Presidencia, participó activamente, primero, en la aprobación del Decreto 80/2010, sobre servicios de comunicación audiovisual, y luego, en la Resolución de 8 de julio de 2010, del viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, por la que se aprobaron las bases del concurso público de licencias de FM en Canarias, que en su declaración él mismo criticó por imprecisas.

Todo parece indicar que Ríos Rull podía conocer los defectos que arrastraban dichas bases y que posteriormente "obligarían" a la aprobación de lo que en su declaración denominó "criterios interpretativos". No puede ser de otra forma dadas las competencias del secretario general de la Consejería de la Presidencia -contenidas en el Decreto 129/2008, de 3 de junio, vigente hasta 2012-, que le permitían estar al tanto de los detalles de cada expediente que se movía en relación a este concurso. Algo que tuvo que hacer si se tienen en cuenta los antecedentes de lo que había ocurrido con el concurso de TDT, donde el Tribunal Supremo ha confirmado todas las sentencias que anulaban las licencias concedidas mientras Ríos fue secretario general de la Presidencia. De hecho, la que fuera secretaria de la mesa de valoración de las ofertas, también imputada, declaró ante la magistrada del número 5 que su nombramiento "obedeció" a órdenes de su jefe, Fernando Ríos Rull. Además, en su declaración este último reconoció que fue designado para presidente de la mesa de valoración porque este era un concurso que el Gobierno había considerado especialmente relevante.

También es inverosímil que Ríos no conociera el contenido del informe de los propios Servicios Jurídicos del Gobierno canario cuando informaron el proyecto de bases que debían regular el concurso. En el mismo, y en repetidas ocasiones, el letrado que lo firma, Lucas García Pacheco, advertía de la vaguedad y generalización con la que se expresaban algunos criterios y que hacía preciso concretar previamente.

El 28 de julio de 2010, el viceconsejero de Comunicación aprobaba los pliegos sin corregir algunos de los graves defectos advertidos por García Pacheco. Este letrado fue el que inicialmente, el 7 de octubre de 2010, había sido designado por el Servicio Jurídico para que lo representara en la mesa de evaluación, pero al día siguiente el propio servicio rectifica y nombra como representante a David Bercedo Toledo, a quien había nombrado para el puesto el día anterior el viceconsejero de Comunicación.

En definitiva, todo parece apuntar a que se pudieron aprobar las bases del concurso de concesión de licencias de radio en FM a sabiendas de la imposibilidad de baremar los méritos según los criterios tal cual se contemplaba en las bases, según el criterio de la propia Administración, porque precisamente los Servicios Jurídicos habían advertido previamente a su aprobación tal circunstancia. ¿Cuál pudo ser el motivo de este proceder del Gobierno canario? No hay más explicación que su presunta intención de "acomodar" al texto la arbitrariedad de las adjudicaciones, basadas en criterios establecidos con posterioridad a la presentación de las ofertas y una vez examinadas las mismas.

Dado el carácter eminentemente técnico de la mesa de evaluación que se presume en cualquier concurso, llama poderosamente la atención el argumento que usó Fernando Ríos para justificar que dicha mesa, en el caso de las FM, llegara a la conclusión de que ni los programas de llamadas de oyentes ni los de chistes podían encajar en alguno de los tipos de programación que se podían valorar: la opinión de uno de los miembros de la mesa que era periodista y el sentido común de los demás miembros de la misma.