La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a solicitar a la Delegación del Gobierno en Canarias, y más concretamente al subdelegado, Guillermo Díaz Guerra, que autorice la puesta en funcionamiento de la red de cámaras de seguridad que se instalaron hace ahora siete años en el interior del parque García Sanabria, así lo ha confirmado el concejal responsable, José Alberto Díaz Estébanez, que manifiesta no entender las sucesivas negativas que le han dado al consistorio en los últimos años y así se lo ha hecho saber a Díaz Guerra en una comunicación formal fechada el pasado 1 de abril.
En concreto se trata de 20 cámaras que se instalaron durante la remodelación total del principal parque de la capital en el año 2007 y que supusieron una inversión de 400.000 euros.
Díaz Estébanez confirma que en la última petición -y con esta ya suman cinco- la subdelegación pidió al ayuntamiento que justificara la necesidad de esas cámaras en base al número de delitos cometidos.
"Desde nuestro punto de vista se olvidan de otros puntos de vista que están en la ley y que son igualmente importantes como la vigilancia custodia del valor patrimonial y que en el García Sanabria es enorme, pero aun así hemos puesto en su conocimiento las nuevas incidencias y estadísticas de la policía y además explicamos que hay una serie de estadísticas que tiene la Policía Nacional que ellos pueden comprobar y otras que no se reflejan en estadísticas porque no se llega a hacer denuncia y todo eso. A eso le sumamos la importancia de la custodia del valor patrimonial y que se trata de un lugar emblemático, más la petición mayoritaria de los vecinos y usuarios habituales reflejada en una carta y apelamos a la implicación personal del subdelegado, que es santacrucero e incluso ha sido concejal, para que le dé un empujón a esta cuestión".
En el escrito remitido al subdelegado, el máximo responsable de la seguridad municipal insiste en que "la Policía Local tiene entre sus funciones, y dentro de las competencias atribuidas en la Ley de Bases de Régimen Local, la prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la custodia de bienes públicos (...), por lo que entendemos que la utilización de videocámaras con finalidades preventivas de custodia de elementos patrimoniales y de protección de la ciudadanía, tal y como contempla la normativa vigente, sería de gran valor para cumplir con estos objetivos.
Y es que cuando el principal parque de la capital tinerfeña se remodeló en 2007, el ayuntamiento estaba convencido de que no habría problema en poner las cámaras de seguridad que se habían adquirido en funcionamiento e incluso se tramitó con normalidad la primera solicitud de autorización. Sin embargo, la comisión de videovigilancia paralizó la cuestión en seco "por no cumplirse con los plazos previstos".
Tras otros tres intentos fallidos -el último de ellos en julio del año pasado- fue precisamente esta comisión la que indicó que no consideraba necesario que las cámaras se pusieran en funcionamiento, aludiendo a que "no existen suficientes delitos y ha de primarse el derecho a la intimidad".
Sin embargo, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se insiste en que la red de vigilancia "ha sido, es y será necesaria", aspecto este que el propio alcalde, José Manuel Bermúdez, recalcó cuando la "Carmen dormida" -una escultura del autor hiperralista Antonio López- apareció pintada con spray y pintura escasos días después de ocupar temporalmente un lugar privilegiado a la entrada del citado parque.
En este sentido, desde el grupo de gobierno critican que, por ejemplo, se aluda a la baja tasa de delitos que se localizan en el parque porque, entre otras cuestiones, no se tienen en cuenta los actos de gamberrismo como los grafitis o la rotura del patrimonio urbano, que son considerados como faltas y que, sin embargo, suponen un serio perjuicio no solo para el estado del parque sino también para las arcas municipales, que han de restaurar los daños.
No obstante, desde la Corporación municipal se muestran "esperanzados", ya que solo dos días después de enviar la notificación a Guillermo Díaz Guerra recibieron el acuse de recibo y el compromiso de que se tramitaría con "especial sensibilidad".