La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de El Sauzal, Noelia Vañó, compareció el pasado 15 de abril ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para denunciar al actual alcalde, Mariano Pérez (CC), por un presunto delito de prevaricación que considera que pudo cometer cuando concedió, el día 1 de junio de 2005, una licencia de primera ocupación a un edificio situado en la TF-152, junto a la calle San Nicolás, con 37 viviendas y garajes.
Esta nueva denuncia pretende ratificar la que presentó, junto a Por Tenerife (XTF), en enero de 2014 contra el exalcalde y presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), por el mismo edificio, y ampliarla para incluir también al actual alcalde, Mariano Pérez (CC).
En su comparecencia ante la fiscal, Vañó señala que "el 16 de enero de 2014 se presentó una denuncia relacionada con la emisión de un decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2005, dictado por Paulino Rivero Baute, en el que otorgaba la cédula de habitabilidad a la mercantil Promociones y Construcciones Surazul para una edificación de 37 viviendas y garajes". Y recuerda que por estos hechos se abrieron las diligencias de investigación número 9/2014.
Vañó añade a la Fiscalía que "el 1 de junio de 2005 se concedió a la citada mercantil la licencia para la primera ocupación de las citadas viviendas y garajes mediante decreto firmado por el alcalde accidental, Mariano Pérez Hernández".
Mediante esta denuncia, la edil del PP solicita que la investigación se dirija también contra Mariano Pérez por haber firmado el decreto citado.
Esta concejala del PP también presentó el pasado día 4 de febrero otra denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra Mariano Pérez "por presuntas irregularidades en la concesión de la licencia de un bar en el año 2007".
En el texto de esa denuncia de febrero, a la que tuvo acceso EL DÍA, Noelia Vañó señaló que comparecía ante la Fiscalía "por si los hechos fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación urbanística contemplado en el artículo 320.2 del Código Penal".
Las presuntas irregularidades que denunció la edil popular en esta licencia de bar se fundamentan en que el lugar donde se autoriza la instalación de este bar estaría fuera de ordenación, "de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente (PGO)".