La huelga que iba a tener lugar hoy por parte del personal de mantenimiento y limpieza de la contrata Sotec, en la piscina cubierta del Pabellón Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife fue aplazada. Los trabajadores posponen nuevas medidas de presión hasta confirmar que la citada firma cumple sus compromisos de pago en tiempo y forma.
A pesar que los trabajadores percibieron el pasado viernes el ingreso de la nómina correspondiente a los días trabajados en marzo, la convocatoria de huelga se mantenía hasta el encuentro de ayer debido a que "el objetivo de ella no era cobrar un mes, sino que los pagos se hicieran puntualmente, tal y cómo las leyes marcan", declaró ayer el Secretario de Acción Sindical de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), José Antonio Suárez Morales.
Por su parte, el concejal de Deportes y Presidente del Organismo Autónomo de Deportes, Zósimo Darias, dijo que "desde el primer momento tratamos de llegar a un entendimiento por ambas partes", además "nos pusimos en contacto con la empresa para preocuparnos por el tema".
Este paro contaba con el apoyo de CNT, además del respaldo de más de diez hojas de firmas, entregadas en el Organismo Autónomo de Deportes, de usuarios asistentes a las instalaciones quienes manifestaban en el escrito "estupor e indignación ante la situación que vive el personal de limpieza de la piscina debido al retraso del cobro de sus nóminas, ya que de ese salario no solo depende el bienestar personal y familiar sino la supervivencia en sí misma de estas personas".
Mientras que desde el consistorio se contaba con mantener los servicios mínimos para dar asistencia en las instalaciones, la amenaza de huelga pasaba por parte de la patronal, por la suspensión de todo tipo de ellos, al entender que "se trata de una actividad situada en el ámbito del ocio y en ninguno de los casos se identificaba como trabajo esencial". También destacó Suárez ante la proposición de trasvase de personal de otras instalaciones por parte del ayuntamiento que de haberse llevado a cabo, se trataba de "un delito contra los derechos fundamentales".