El concejal del Centro de Arona, José Antonio Fuentes, registró un escrito en el ayuntamiento en el que advierte de que, si en 10 días el alcalde, José Francisco Niño, no cierra el Mercadillo de Los Cristianos, llevará a la Fiscalía el asunto de la supuesta falta de seguridad en el recinto.

El edil de la oposición explica en el texto presentado en el consistorio el pasado viernes que el regidor ha tenido casi seis meses para resolver el incumplimiento de las ordenanzas de seguridad en dicho enclave comercial, gestionado por la empresa Baratillo Los Verdes. Fuentes recuerda que un informe elaborado en noviembre por el jefe de la Policía Local de Arona se decía textualmente que: [ante] "la situación en la que se halla el mismo en estos momentos y la situación de inseguridad y peligro que genera, solicito la presencia de personal funcionario debidamente acreditado y técnicamente cualificado para que inspeccione el mencionado mercadillo. (artículo 125 Decreto 286) y proceder al cierre del mencionado establecimiento si persistiera en esas condiciones de inseguridad".

El edil del CAN también menciona otro escrito de un ingeniero industrial de la corporación, con fecha de 25 de febrero, en el que se asegura que, después de hacer la inspección del lugar donde se desarrolla la actividad comercial y haber analizado el Plan de Autoprotección presentado por la empresa, "no cumple con las medidas de seguridad".

Dichos textos, según Fuentes, ponen de manifiesto "la grave situación de inseguridad que se vive cada domingo en el mercadillo".

Ante tales documentos, el concejal de la oposición considera que si José Francisco Niño "no procede a velar por la seguridad de los ciudadanos de Arona, cerrando el establecimiento, pondré en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los graves hechos que, por dejación de sus funciones, ha realizado usted como alcalde".

Durante un pleno, José Francisco Niño aclaró a Fuentes que el asunto estaba pendiente de una reunión entre representantes de la empresa que explota el recinto, así como de técnicos y políticos del ayuntamiento para determinar las medidas a aplicar.

En una información publicada por EL DÍA a comienzos de marzo, uno de los socios propietarios de la sociedad que explota los mercadillos en las zonas turísticas de casi todos los municipios del Sur señaló que, tras el informe del jefe de la Policía, se habían adoptado una serie de medidas correctoras.

Además, la ocupación de suelo público por parte del mercadillo provocó la apertura de otro expediente.