El Consejo Consultivo de Canarias ha dictaminado que varios artículos del proyecto de decreto del Gobierno regional por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la modernización de la Administración de Justicia de Canarias son una "reproducción literal" de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

En concreto, la consejería de Justicia, cuyo titular es Francisco Hernández Spínola, hace esta copia en los artículos entre el 15 y 18, que se refieren a la Oficina Judicial.

El dictamen recuerda que el Tribunal Constitucional ha advertido, a través de diversas sentencias, de que "este procedimiento de repetición, al utilizarse por órganos legislativos distintos, con ámbitos de competencia diferentes, está inevitablemente llamado a engendrar tarde o temprano una innecesaria complicación normativa, cuando no confusión e inseguridad".

De ahí que la reproducción por la legislación autonómica de normas estatales, además de "ser una peligrosa técnica legislativa", sea considerada por este órgano judicial inconstitucionales por constituir una "invasión de competencias".

Además, indica el Consejo Consultivo que, en lo referente a la organización de la Oficina Judicial, el Gobierno autonómico carece de competencias. En concreto, se refiere a los principios y criterios que presiden el funcionamiento de este órgano o la regulación de las unidades procesales de apoyo directo.

Este reproche se hace también sobre el artículo 18 del proyecto de decreto, ya que se concretan funciones de los secretarios judiciales o la extensión del ámbito competencial de los servicios comunes procesales, "materias previstas en la LOPJ".

El Consultivo recomienda al Ejecutivo regional que, "en vez de reproducir las preceptos de la LOPJ, debería, respetando esta ley, regular las unidades de la Oficina Judicial y adecuar su organización, peculiaridades y necesidades de acuerdo con las características de Canarias en el ámbito de competencia que le corresponda".

Llama la atención también la institución a Spínola sobre la falta de plazo alguno para que la Consejería que dirige proceda a la elaboración de la estrategia de modernización. Este tiempo de desarrollo del decreto, a juicio del Consultivo, se estima necesario, ya que, dado el contenido del mismo, "parece configurarse como mecanismo previo" a la implantación de la nueva estructura organizativa de la Administración de Justicia.