Veintidós módulos de taquillas adquiridos por 6.666 euros por el Cabildo de La Palma para la Escuela de Enfermería de la Isla se encuentran almacenados y sin uso en las instalaciones del centro. En Fuerteventura, dos máquinas expendedoras de leche por las que la corporación insular majorera pagó 35.800 euros corren una suerte parecida: una está fuera de servicio y la otra ni siquiera ha sido desembalada.
Ambas situaciones han sido detectadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en su informe sobre los inventarios de bienes de los cabildos referido al año 2011, y han motivado, según ha podido saber este periódico, la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado.
El análisis del inmovilizado material realizado por la Audiencia de Cuentas de la Comunidad Autónoma incluye terrenos, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos para procesos de información y elementos de transporte, además de otros bienes de las administraciones insulares, cuyo importe total asciende a 1.276 millones de euros.
En el caso del Cabildo de Fuerteventura, cada una de las máquinas expendedoras de leche costó 17.900 euros. Una de ellas, ubicada en el Mercado Insular, "se encuentra fuera de servicio al no reunir la materia prima las condiciones sanitarias requeridas para su distribución por este medio". La segunda está embalada desde que fuera adquirida, en 2011, "sin que se haya puesto en funcionamiento", explica la Audiencia en su informe.
Por su parte, los módulos de taquillas comprados para la Escuela de Enfermería de La Palma tenían un coste de 303 euros por unidad -un total de 7.262 euros-, pero solo dos de ellos están a disposición de los estudiantes, los 22 restantes -con un coste de 6.666 euros- se encuentran almacenados en dependencias del centro.
En líneas generales, la Audiencia de Cuentas ha apreciado algunas debilidades de control interno relacionadas con el inmovilizado, como son la falta de coordinación entre los servicios de patrimonio, centros gestores y contabilidad; la defectuosa identificación de los bienes; y la no existencia de comprobaciones periódicas.
El órgano dependiente del Parlamento regional recomienda establecer mecanismos de control interno que garanticen la conciliación entre los importes contabilizados y los recogidos en el inventario general.