Espacio "En Detalle", con Carlos Acosta miércoles, 7 de mayo de 2014

España es de los países de la Unión Europea con mayor carga fiscal, pero de menor recaudación. La respuesta a esa paradoja se explica a través del fraude fiscal, una cuestión que la reforma que plantea ahora el Gobierno central no afronta con toda la fuerza que debería. Así lo cree el portavoz del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, que critica el informe que los expertos presentaron al Ejecutivo por proponer un simple trasvase de las cargas actuales a favor de los más ricos (o mejor asesorados) sin aumentar los ingresos. No la cree justa, igualitaria ni progresiva.

En declaraciones a Radio El Día, Mollinedo explica que la iniciativa implica reducir el número de tramos del IRPF, lo que supone que el nuevo sistema será menos progresivo (que consiste en hacer pagar más a los que más ingresan, en vez de que todos paguen igual). En este mismo sentido, advierte de que también aboga por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, algo que beneficia en exclusiva a las rentas más altas.

Además, ahonda el técnico, esas familias y empresas no tendrán que preocuparse demasiado si cometen fraude fiscal porque la manera en que se investigará permitirá ocultarlo con una buena asesoría. Al final, teme, solo se perseguirá a personas y pymes mal asesorados, probablemente con rentas medias o bajas. Las grandes fortunas, lamenta, "no entrarán en el plan de comprobación".

A Mollinedo no le sorprende que la reforma haya salido en estos términos. Sostiene que el Gobierno sabía lo que hacía cuando eligió a los expertos que elaborarían la propuesta, por lo que era previsible el resultado, que rechaza, y remarca que todos los integrantes del comité de expertos tienen el mismo perfil y defienden políticas parecidas. Por su trayectoria, señala, ya se sabía que quieren adelgazar el Estado y recentralizar el poder, afirma. "Esto responde a un modelo, no es un análisis en profundidad, son expertos en fiscalidad, pero no en ciencias políticas, por lo que imponen una visión pretendidamente científica al ser profesores universitarios, pero no es plural: la postura contraria también es lícita", defiende.

En todo caso, el problema que ve Mollinedo en la propuesta de la reforma no es solo que beneficie a las rentas más altas, sino que ni siquiera todas las rentas contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos y se apueste por ampliar los copagos. Así, en vez de recaudar más para sufragar los servicios básicos, se opta por cambiar el sistema sin aumentar los impuestos y se obliga a los ciudadanos a asumir más costes directos. La reforma, indica, tiene un "efecto recaudador cero" al confiarse el eventual alza de la recaudación a la recuperación de la economía sin dar solución a los gastos sociales actuales. El déficit, calcula el sindicato, asciende a unos 78.900 millones de euros y, según ellos, harían falta 46.900 millones para cubrir el gasto social.

Una propuesta así es posible, en parte, porque el Gobierno central aprovecha la corriente de opinión mayoritaria que cree que bajar impuestos es sinónimo de impulsar la economía, lo que no comparte Mollinedo. En todo caso, crítica, esto no es asunto de la derecha y recuerda cómo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya promovía esta idea con la famosa proclama de que "bajar impuestos también es de izquierdas". Sin embargo, "países con más presión fiscal como Alemania o Dinamarca demuestran que no hay relación entre presión fiscal y actividad económica".

Hay que recordar el contexto en que nace esta reforma fiscal. Europa ha impuesto un severo objetivo de déficit a España que debería aminorar su deuda en un 4% en apenas dos años (los próximos dos). La reforma, que debió salir en marzo, será aprobada en junio como pronto mientras el Gobierno trata de evadir el asunto de la agenda de las tres campañas electorales que se avecinan en los próximos meses para evitar abrir un debate acerca de cuántos más impuestos deben pagar los ciudadanos para mantener un estado de bienestar cada vez más disminuido.

Con todo, Mollinedo cree que al final la reforma no saldrá como está plasmada. Sostiene que la mayoría de las medidas no verán la luz porque la UE sigue pendiente de que España cumpla un objetivo de déficit que se ve complicado de alcanzar, por lo que difícilmente aprobaría una bajada de impuestos como la del IRPF. Hay que recordar que el contrapeso a esa reducción tendría que ser la subida del IVA, que el Gobierno central ya descartó, por lo que le resultará muy cuesta arriba sacar de un sitio sin meter de otro.

"La propuesta hace aguas por todos lados, no todos contribuyen, no es justa, igualitaria ni progresiva. Es muy negativa", concluye Mollinedo.