La reciente aprobación del Plan de Calidad del Aire para la zona Santa Cruz- La Laguna ha caído como una bomba entre los trabajadores de la Refinería de Cepsa, que confiaban en que se incluyeran algunos cambios en la normativa para que no fuera tan restrictiva con la actividad industrial.

La prueba es que el máximo representante de los trabajadores, el presidente del comité de empresa de la Refinería, Benito López, califica la entrada en vigor de la nueva ley como "una auténtica espada de Damocles que pesa sobre nuestras cabezas".

"Hay mucho malestar e incertidumbre por el Plan de Calidad del Aire. La empresa mantiene la misma postura de enfrentar esa decisión de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias a través de las vías legales que quedan, que son recurrir ante la propia Consejería y si no fructifica ir a los tribunales con un contencioso-administrativo, pero esto no deja de ser una amenaza que se alarga en el tiempo", considera López, que no duda en asegurar que la normativa ideada por el Gobierno de Canarias exclusivamente para esta zona "no tiene fines ambientales sino de otro tipo".

"El plan que se ha aprobado no tiene ninguna justificación vinculada al medio ambiente o a la salud de la ciudadanía sino que responde a otro tipo de intereses y eso quedó más que patente por el hecho de que en el proceso judicial abierto por la Fiscalía, y que se encuentra en fase de diligencias previas, parece que se ha personado como acusación particular la Fundación Canaria para la Construcción. Eso da que pensar".

Y es que los trabajadores consideran que existe un "interés claro", por parte de los políticos y de determinados poderes empresariales, en el desmantelamiento de la Refinería. "Nosotros pensamos que estas son las verdaderas razones que están detrás de todo esto y por eso apoyamos completamente a la empresa en las acciones que está llevando a cabo, porque, además, tampoco estamos de acuerdo con los argumentos sobre los que se basa la nueva ordenación", insiste López.

Preguntado sobre si la empresa les ha confirmado que la entrada en vigor del plan puede tener consecuencias directas sobre la viabilidad de la actividad por la imposibilidad de cumplirlo, López recuerda que "cuando se aprobó inicialmente y se conoció la línea en la que iba, la empresa ya advirtió de que eso suponía una complicación importante para la organización productiva y eso lo sigue manteniendo, aunque ahora lo que dice es que va a luchar y oponerse a través de cuantas vías legales tenga a su alcance. Los trabajadores están de acuerdo con la argumentación que está esgrimiendo la empresa".

La unidad de trabajadores y empresa es tal en este asunto, que el comité de empresa tiene previsto convocar en los próximos días reuniones para decidir qué acciones pueden llevar a cabo en señal de protesta y de apoyo a Cepsa en lo referente a este plan.