Con la corrección que caracteriza a un magistrado, Emilio Moreno recibió a EL DÍA en la sede del Parlamento de Canarias, a donde acude como diputado por el Grupo Popular desde hace tres años, para hacer un balance de la situación de la Justicia en Canarias y la actuación del Ejecutivo regional en este área y otras que preocupan a la sociedad.

¿Qué valoración hace de la gestión del Gobierno canario en servicios públicos y la Justicia?

Los ciudadanos lo dicen en las encuestas. Los canarios somos los españoles más insatisfechos con los gobernantes y con los servicios públicos que recibimos del Gobierno regional. Con la Justicia ocurre otro tanto, no hay interés por modernizar la Justicia ni por implantar la nueva Oficina Judicial.

Esa es una promesa aún no cumplida por el Ejecutivo.

En efecto, el consejero socialista prometió que la nueva oficial judicial iba a ser una realidad en 2013 y está claro que no van a cumplir. Este es un Gobierno de mucho pico y poca pala. Mucho de prometer pero poco de cumplir.

¿Considera escasos el presupuesto que se destina a Justicia?

Es que al Gobierno de Canarias le interesa bien poco la Justicia en Canarias. Lo comprobamos año tras año en los presupuestos y la confirman año tras año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía Superior de Canarias cuando acreditan, a través de sus Memorias, la falta de recursos materiales básicos y de medios humanos, las dependencias judiciales en mal estado, la falta de seguridad en algunas sedes judiciales...

¿Qué medidas se deberían tomar para mejorar la situación de la Justicia en Canarias?

En primer lugar, que el Gobierno regional cumpla por una vez su palabra e implante la nueva Oficina Judicial en Canarias. Con carácter general, es fundamental entender la Justicia desde el Ejecutivo autónomo como un servicio fundamental de primer orden en una sociedad como la nuestra. Y esa sensibilidad se debe traducir en las partidas presupuestarias, no solo en las declaraciones. Hechos, no palabras.

Desde el punto de vista de la jurisprudencia. ¿Qué opina de la propuesta de reforma de la Ley de Vivienda Canaria?

Hablamos de un proyecto, no de una ley. Y como sabe, ese proyecto del Gobierno regional presenta dudas objetivas de constitucionalidad. De hecho, el modelo que copia el proyecto canaria, el andaluz, está suspendido y pendiente de dictamen del Tribunal Constitucional. Las leyes autonómicas deben respetar el ordenamiento jurídico; naturalmente, la Constitución.

Esta no es la única norma que se anuncia y aún no ha sido aprobada.

Es la forma de gobernar sin razón y sin conocimiento de las cosas. Ahora, como acaba la legislatura harán los deberes que no hemos hecho antes. El problema es que muchos de esos anuncios son por que este Gobierno está siempre a la discrepancia absoluta con todo, y por ello avala cuestiones no apoyadas desde el ámbito jurídico constitucional.

¿Qué opina de los casos de corrupción de políticos que hay en Canarias?

La investigación y determinación de los delitos compete a la acción de la Justicia. El hecho de que los medios informen de casos de presunta corrupción es consecuencia directa de que la Justicia funciona, pero conviene ser precavido pues como cualquier ciudadano las personas inmersas en procesos de corrupción disfrutan como cualquiera de la presunción de inocencia hasta la existencia de una condena firme. De otro lado, la lucha contra la corrupción debe ser uno de los pilares de todo programa político.

¿Considera que los altos cargos políticos deberían ser ocupados por personas de dilatada experiencia en área que dirigen?

Lo importante es elegir personas aptas y capaces para el desempeño de la "res pública". La ciudadanía exige cada vez más a sus gobernantes y esa es una premisa que hay que respetar y satisfacer.

¿Considera que el descenso de la criminalidad en Canarias es síntoma de recuperación económica?

Es un dato altamente positivo y una buena noticia el descenso de los delitos contra el patrimonio, pues toda disminución en los ilícitos penales es un ejemplo de evolución económica y social positiva en general.

¿En qué estado se encuentra la nueva demarcación judicial?

El Ministerio de Justicia acaba de elaborar el borrador del anteproyecto de dicha Ley y se ha pedido conocimiento de las asociaciones de magistrados y del Poder Judicial. A Canarias lo que le interesa es el reconocimiento de su peculiaridad insular en el caso de que finalmente quede Partidos Judicial igual a Provincia. Y de ahí la aprobación de una PNL a instancias mías para ello.

¿Qué balance hace de estos tres años en política?

Aprender, sobre todo aprender. Mi experiencia es que la actividad parlamentaria enriquece, abarca gran variedad de cuestiones sociales, políticas, económicas y, como no, también relacionadas con el derecho.

¿Le gustaría continuar en la cámara en la próxima legislatura?

Yo siempre respeto las reglas del juego. Y esa decisión no me corresponde a mí.