El Tribunal Supremo debatirá y votará el 10 de junio su fallo sobre el recurso interpuesto por el Cabildo de Fuerteventura contra las autorizaciones concedidas por el Consejo de Ministros a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS tenía previsto abordar este tema el pasado 1 de abril, pero decidió posponer su decisión para requerir al Ministerio Medio Ambiente información adicional sobre el estado de tramitación del espacio marítimo protegido que se planteaba en el proyecto Life Indemares para las aguas situadas al este y sur de Lanzarote y Fuerteventura.

El Cabildo de Fuerteventura anuncia hoy, en un comunicado, que el TS le acaba de comunicar la nueva fecha del fallo: el 10 de junio.

Las autorizaciones concedidas por el Gobierno central a un consorcio formado por Repsol, RWE y Woodside para buscar hidrocarburos en el Atlántico, entre Canarias y Marruecos, están supeditadas a que el proyecto supere el proceso de evaluación de impacto ambiental, un trámite que aún no ha concluido.

El Gobierno canario, su Parlamento y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se han opuesto desde el principio a que se realicen prospecciones petrolíferas en esas aguas, porque consideran que ponen en riesgo a su patrimonio natural y su industria turística.

En los últimos meses, las instituciones canarias han incidido en la posible colisión de ese proyecto con la declaración como Lugar de Interés Comunitario (LIC) del área marítima situada al este de Lanzarote y Fuerteventura que se preveía en el proyecto europeo Life Indemares y han sugerido que su tramitación se está viendo retrasada para no frustrar los proyectos de Repsol.

Sin embargo, tanto la petrolera como el Ministerio de Industria han subrayado que ninguno de los puntos de posible perforación planteados en el expediente está dentro del área del futuro LIC.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), aprovecha hoy el anuncio de la fecha del fallo del Supremo para agradecer su colaboración a todos los particulares, colectivos sociales e instituciones que han ayudado a plantear el recurso.

"Nunca antes se han puesto tantos argumentos científicos, sociales e institucionales para parar este proyecto antidemocrático y agresivo con la naturaleza, con nuestra forma de vida y con la inteligencia de los ciudadanos", opina.

Cabrera alega que, "respetando al máximo la independencia judicial", en el Tribunal Supremo "tienen que saber que la mayoría de la ciudadanía de Canarias, pero también las del resto de comunidades autónomas donde se quieren desarrollar estas actividades, y en general la comunidad científica y las instituciones europeas, estarán muy atentas a lo que se decida".

"Confiamos en la Justicia para que reinstaure la coherencia democrática. Un Gobierno que se precie de democrático tiene que prestar más atención a lo que opinan los ciudadanos sobre su forma de vida que a lo que quiere una multinacional para su balance de cuentas", defiende el presidente del Cabildo de Fuerteventura.

Repsol recibió permiso por primera vez para buscar hidrocarburos en esa zona del Atlántico en 2001, con el Gobierno de Aznar, pero el Supremo revocó las autorizaciones tres años más tarde, al estimar un recurso del Cabildo de Lanzarote, que demostró que los proyectos no cumplían con la legislación en materia de control ambiental.

Tras el retorno del PP al Gobierno, el Consejo de Ministros volvió a conceder permisos a Repsol para realizar prospecciones en esa misma zona, aunque esta vez condicionándolos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que todavía no se ha cerrado.

Repsol sostiene que esa zona del Atlántico existen reservas de crudo capaces de cubrir el 10 % de la demanda de petróleo de España.