Educación y prevención son los aspectos fundamentales, a juicio del fiscal de sala delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, para evitar los accidentes y sanciones por delitos de tráfico. Siempre bajo la premisa de la aplicación de la ley administrativa y penal, Bartolomé Vargas reiteró su apuesta por estos valores durante la celebración esta semana, en Tenerife, de las IV Jornadas Técnicas sobre Movilidad y Seguridad Vial, que, organizadas por Canariasvial, en esta edición versó sobre la "Criminología vial".

La nueva ley ha endurecido la pena por conducción bajo los efectos de las drogas. ¿Que sanción se recibirá?

Se han incrementado las sanciones hasta 1.000 euros cuando se detecta las drogas, no es preciso probar la influencia de las mismas, sino que esa sanción la administrativa se aplica ante la sola presencia de las sustancias estupefacientes. Se ha incrementado la cuantía porque es una infracción muy grave, pues las drogas afectan sobretodo a las facultades visuales del conductor y es letal para la conducción. Tras la administrativa se analiza caso por caso para ver si procede imponer una sanción penal. Cuando se nos remite un atestado con indicios penales lo analizamos para ver cuando ejercemos la acusación penal en función de las pruebas que tengamos y los análisis correspondientes.

¿Qué otras reformas se han realizado en la norma?

Se trata de la tercera modificación de la norma desde que estoy en mi cargo, y viene a afrontar las principales causas de los accidentes, que, en muchos casos, es la velocidad. En este sentido en la estrategia europea de concienciar a la población de ir a la velocidad reglamentaria está la prohibición de los detectores de radares. Hay que tener en cuenta que el 25% de los accidentes europeos son por la velocidad. También se ocupa de los colectivos vulnerables, por ejemplo, estableciendo por ley la distancia de seguridad cuando se adelanta a un ciclista, metro y medio. En la misma obligación, los menores de edad deben llevar el casco en las vías urbanas. Además, incluye mejoras técnicas en la propia ley, y son reveladoras de que el legislador en nuestro país se preocupa de la seguridad vial.

Muchos colectivos denuncian el incremento de las sanciones viales por afán recaudatorio. ¿Considera que este es el motivo?

Respetando todas las opiniones, no es correcto que haya un afán recaudatorio. La recaudación al final es una sanción que se impone por no cumplir la ley y está dirigida a proteger a todos los ciudadanos. Si el radar detecta una conducta sancionable, que es de riesgo, significa que el radar ha funcionado.

Se ha llegado a hablar de presiones en la Guardia Civil para incrementar el número de sanciones, posiblemente, con ese afán.

No es conocido por los ciudadanos la estrategia de los radares. La colocación de los radares obedece a una estrategia, a unos conocimientos probabilísticos, estadísticos de ocurrencia de accidentes. La administración puede acertar o no, pero actúa en con esos criterios. Lo ocurre es que indirectamente se produce un ingreso en las arcas del Estado, pero es un dinero que va a un fin público, que es la seguridad vial, y es producto de una acción que pone en riesgo a todos. Quizás cuando se habla del afán recaudatorio puede haber una falta de conciencia sobre el valor de la seguridad vial. En otros países, donde está más asentada la Ley de Seguridad Vial, no se habla de interés recaudatorio, sino de que han sorprendido a esa persona vulnerando la norma.

¿Han descendido los delitos de tráfico con la crisis?

Es muy difícil analizar todos los factores que pueden influir en esto porque hay una ciencia que es la estadística que es muy compleja y no es fácil dar conclusiones de cuál es la incidencia de cada uno de los factores sociales. El número de delitos es difícil de precisar, solo podemos medir el número de actuaciones y la eficacia de las normas y quienes velan por ella. En este sentido, hemos detectado una estabilidad en general en lo que se detecta, porque el funcionamiento de las policías de tráfico es eficaz y regular con los medios que tienen. En España se registran 90.000 condenas penales anuales por delitos contra la seguridad vial. Es un número muy alto si lo comparamos con Europa, y la mayoría son por conformidad y con ejecución inmediata. Tratamos que no haya impunidad ni sentimiento de la misma.

¿El permiso por puntos sí ha sido una medida fundamental en este sentido?

Ha sido una excelente medida y lo sigue siendo. Se sigue aplicando y tiene una finalidad preventiva y reguladora, pues los cursos para recuperarlos tiene una marcada función educativa. Es una herramienta de primer orden en la estrategia de la seguridad vial.