Rusia abrió hoy un caso penal contra Ucrania por el uso de métodos de guerra prohibidos, que presuntamente violan la Convención de Ginebra sobre la protección de la población civil, durante su ofensiva militar contra los bastiones prorrusos en el este del país.
"Intencionadamente, con el fin de matar a civiles pacíficos, utilizaron armamento, artillería, aviación, algunos de ellos con simbología de la ONU, (y) blindados y otros equipos", afirmó Vladímir Markin, portavoz del Comité de Instrucción (CI) de Rusia, a las agencias rusas.
Como resultado, agregó, "entre la población civil hay muertos y heridos. Además, ha quedado destruida total o parcialmente la infraestructura industrial, energética, de comunicaciones y transporte, edificios de viviendas, sociales y culturales, incluidos hospitales, guarderías y escuelas".
El CI es un órgano judicial adscrito antes a la Fiscalía General y ahora dependiente de la Presidencia rusa y que acostumbra a encargarse de los casos más sonados y controvertidos en materia política, penal y criminal.
Según destacó su portavoz, los ataques contra la población civil obligaron a algunos ciudadanos ucranianos y también rusos a abandonar sus lugares de residencia en las regiones de Donetsk y Lugansk (este).
Ambas regiones, de mayoría rusohablante, se han sublevado y han declarado este mes su independencia y el Ejército ucraniano ha lanzado una ofensiva contra los sublevados.
El CI acusó a efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y la organización ultranacionalista Sector de Derechas en virtud del artículo 356 del Código Penal (uso de medios y métodos de guerra prohibidos) ruso.
La acusación fue "por los ataques contra las ciudades de Slaviansk, Kramatorsk, Donetsk, Mariupol y otras localidades de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk", recalcó Markin.
Reconoció que, "por el momento, no se ha establecido la identidad" de los ucranianos contra los que se incoado el expediente penal que, en Rusia, se castiga con hasta 20 años de cárcel.
Además, al atacar las ciudades, las fuerzas gubernamentales ucranianas violaron la Convención de Ginebra de 1949 "sobre la defensa de la población civil en tiempos de guerra", aseveró Markin.
En particular, denunció "la muerte de no menos de 35 civiles" cuando una granada alcanzó un camión "que llevaba heridos con una bandera con el emblema de la Cruz Roja", el pasado día 26, en las inmediaciones del aeropuerto de Donetsk.
Y recordó el fallecimiento el pasado día 25 del fotógrafo italiano Andrea Rocchelli y de su intérprete, el activista ruso Andréi Mirónov, cerca de Slaviansk a causa de un ataque con mortero.
"Si los políticos en Kiev o en Occidente prefieren seguir viviendo en una realidad virtual y propagandística, en el cuento de hadas sobre el nuevo traje del rey, ese es su problema", comentó.
En cambio, agregó, Rusia "no reniega a mirar de manera sensata a los hechos", incluida la realidad de "la incapacidad del Estado ucraniano de defender los derechos y las libertades de sus ciudadanos".
Markin aseguró que los culpables de la muerte de civiles deben asumir su responsabilidad y ser castigados de acuerdo con el derecho internacional.
"Y, si hoy en día no hay ningún Estado que sea capaz de reconocer lo evidente, que las acciones de las autoridades ucranianas son criminales, entonces el Comité de Instrucción de Rusia, al incoar un caso penal, asume esa responsabilidad", dijo.
El CI "no sólo reconoce el hecho de la comisión de un crimen contra civiles pacíficos, sino que se dispone a recabar evidencias sobre la culpabilidad de cada uno de los implicados en el crimen cometido contra la paz y seguridad de la humanidad", garantizó.