En los últimos años de esplendor de la "burbuja inmobiliaria", 2005 y 2006, el Plan General de Ordenación de Candelaria se aprobó con unas previsiones de crecimiento urbanístico exageradas, que hubieran supuesto cuadruplicar la población actual. Hoy, ni hay dinero para urbanizar, ni hacer casas, ni comprarlas y, en algunos casos, ni para pagar la contribución urbana de lo que aún son huertas y eriales. En el pleno del pasado jueves, la edil de Sí se Puede, Mayca Coello, planteó la necesidad de revisar el exceso de suelo urbano en diferentes núcleos. Actualmente hay 26.000 habitantes, una cifra muy diferente de lo previsto en el Plan General aprobado en 2007, que contemplaba más de 80.000. El proyecto estableció grandes bolsas de suelo urbanizable y ni en los mejores momentos se ha logrado alcanzar ese nivel de desarrollo, según Coello, que recordó que existen perjuicios para dueños de huertas y eriales que tienen que pagar la contribución urbana.

El edil no adscrito, José Fernando Gómez, echó la culpa del exceso de suelo urbano al "ideólogo", el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, y a todos lo que apoyaron el PGO. Gómez acusó a algunos miembros del gobierno local de "anteponer el interés particular al común". La portavoz del PP, Carina Dainotto, dijo que el grado de cumplimiento del PGO es bastante escaso y los vecinos soportan cargas fiscales importantes, que algunos no pueden soportar. "Algunos querían suelo urbano antes de la crisis, pero la situación actual es muy diferente", según Dainotto. Nazaret Díaz, de CC, indicó que el PGO se diseñó con el modelo de "especulación y el cemento". Díaz señaló que ahora está en marcha una modificación para cuestiones puntuales, pero ese cambio se debe ampliar a todo el Plan. Domingo Ramos aseguró que es evidente que "estamos en otro escenario" diferente al de 2006 y que "este PGO no se ha desarrollado como se esperaba". Ramos señaló que el documento hay que cambiarlo en base a las necesidades ciudadanas, "pero eso es una decisión política que la tiene que adoptar el grupo de gobierno". Apuntó que, de las 13 reclamaciones judiciales contra el PGO, dos de ellas ganaron en los tribunales, por lo que las demandas hay que incluirlas en el Plan. El edil de Urbanismo dijo que el 13,5 por ciento de los 60 kilómetros cuadrados es suelo urbanizable. El PGO incumple una recomendación del PIOT, para que no se recalificara suelo por encima del doble de la población existente en 2005 y se aprobó para cuatro veces más, según Coello.

La contratación de un empleado del parquin frente al Ayuntamiento también genera polémica. Se trata de un hombre que ya trabajaba con la anterior concesionaria y que, según José Fernando Gómez, denunció al Ayuntamiento.

El director de Epelcan, Cirilo Acevedo, intervino en el pleno y aclaró que no se le subrogó, sino que se acudió al Servicio Canario de Empleo, se pidió un perfil y, entre los candidatos, se le eligió por sus conocimientos. La oposición criticó que esa contratación es ilegal, porque no se siguieron criterios de publicidad, mérito y capacidad. Ramos animó por 4 veces a Gómez a que dijera cómo lo contrataron a él. Y Gómez respondió que "entré con un procedimiento licitador, donde hubo un jurado que determinó los puestos a cubrir; usted estaba en la oposición y si no denunció si le pareció ilegalidad, realizó dejación de funciones".