El Gobierno canario busca un subterfugio para poder conocer la opinión de los ciudadanos sobre el petróleo, sin tener que contar con la autorización del Estado. Y lo hará a través del reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, que ahora mismo tramita la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y a la que el Consejo de Gobierno acordó este lunes darle un "acelerón".
Así lo aseguró ayer el Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, quien detalló que en el denominado "Plan B" del Gobierno ya no hará falta el permiso estatal, pues no será un referéndum con sus características propias: censo y administración electoral.
"Podemos montar una consulta que, sin tener esas dos garantías, sí sea lo suficientemente importante o adecuada como para pulsar la opinión de los ciudadanos", precisó Ríos.
¿Cómo? Según explicó, existen varias posibilidades -están por concretar-, tal y como establece el artículo 20 de la citada norma regional: "El Gobierno podrá, a instancias del presidente, recabar la opinión de la ciudadanía, sobre asuntos de interés general de competencia autónoma, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana".
Una fórmula podría ser a través de votación en urna, pero en menos lugares, con un censo voluntario y con voluntariado. Un ejemplo similar, dijo, al utilizado en Estados Unidos para votar. "Sería algo más casero, pero si el proceso es transparente y hay una participación razonable puede tener un reflejo moral de lo que piensa la gente", argumentó Ríos.
Claro que el matiz no parece tanto en la forma sino en el fondo, pues la competencia sobre el petróleo la sigue teniendo el Estado y, por tanto, es este quien autoriza o no la convocatoria de un referéndum.
Por eso, el Ejecutivo no descarta cambiar la pregunta que figura en la solicitud de consulta que, por el momento, no ha autorizado el Gobierno central. ¿De qué manera? Adaptándola a lo que dice el citado artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana -asuntos de competencia autonómica-. "Turismo, medio ambiente, transporte, pesca... Tenemos muchas cosas", precisó.
A juicio de Fernando Ríos, hay que tener "mucho cuidado" con hacer cosas que se puedan recurrir y echar abajo todo el proceso.
No obstante, y a pesar del convencimiento de Ríos, la opinión de algunos expertos es totalmente la contraria. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL), reitera que la única vía clara para que el Ejecutivo regional consulte a los ciudadanos es a través de un referéndum que debe convocar el Gobierno central, que es quien tiene la competencia en la materia -prospecciones-.
"Si eso se hace así será un referéndum legal, pero la posibilidad de que lo convoque de forma autónoma el Gobierno canario, legalmente, no es viable", precisó.
Y en esta línea, el también profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la ULL, Juan Hernández Bravo de Laguna, remarca que el Ejecutivo regional no puede hacer esa consulta de ninguna manera "sin incurrir en inconstitucionalidad e ilegalidad. "Y el Gobierno lo sabe, o debería saberlo", subraya.
Considera el docente de la ULL que desde hace mucho tiempo se está "manipulando" y "engañando" a la ciudadanía canaria sobre esta cuestión, despertando y fomentando expectativas imposibles de cumplir sin vulnerar la Constitución y la ley.