El malestar crece entre el grupo de ciudadanos afectados por los nuevos tendidos eléctricos previstos para la Isla. En el caso de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife -los más afectados-, los propietarios del suelo por el que discurrirán están recibiendo una propuesta de compra de la superficie que se ciñe a 0,80 euros por metro cuadrado.

Constituidos en una plataforma social, estos afectados recuerdan que la legislación nacional y de la Unión Europea (UE) establece una cantidad de metros (casi 40) directamente vinculados al tendido y otro metro por cada voltio y por lado (en caso de una línea de alta tensión, unos 440 metros).

"Estamos dispuestos a actuar con todas las consecuencias porque consideramos que esta no es la solución, porque su diseño cercena el desarrollo de muchos pueblos de la Isla y porque, además, entendemos que hay otros intereses en estas actuaciones". Lo aseguran al ser conocedores de que "todo esto se está montando mientras ya se planifica la colocación de cable submarino para surtir de energía eléctrica a partir del año 2020".

La plataforma social, surgida en Candelaria y a la que se han sumado ciudadanos de otros lugares de la Isla, centra su trabajo en promover la concienciación acerca de los efectos negativos que el transporte de electricidad causa a la población así como en advertir del supuesto "pelotazo urbanístico" que vislumbran en la ocupación del suelo adscrito a los trazados elegidos para las líneas nuevas.

Recientemente, este colectivo explicó que, en el caso de lo planificado al paso por Barranco Hondo (Candelaria), hay un posible trazado alternativo, más alejado de las zonas habitadas y por áreas en las que no sería necesario ni comprar ni expropiar suelo. En ese sentido, apunta otra clave: "La legislación actual no contempla la reversión a su propietario inicial del suelo expropiado cuando se extingue el uso para el que lo fue".

En el sector energético, las fuentes consultadas niegan que este hecho esté contemplado en la ley vigente, asegurando que es un aspecto fundamental del derecho y no alterado. Por tanto, defienden que el suelo tiene que emplearse para el fin previsto.