La Delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha reiterado hoy que para la colocación de videocámaras de vigilancia es necesario contar con un informe favorable por parte de la Comisión de Videovigilancia de Canarias y que no se autorizan de manera arbitraria sino ajustándose a la legalidad vigente.
La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, determina en su artículo 3.3 que no podrán autorizarse la instalación de videocámaras cuando el informe de la Comisión de Videovigilancia estime que dicha instalación supondría una vulneración de los criterios establecidos en el apartado 4 de dicha Ley Orgánica, quedando así condicionada y modulada la potestad de autorización de la Delegación del Gobierno en Canarias.
Por su parte la comisión de Videovigilancia de Canarias está compuesta por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, un Abogado del Estado, un representante de la Administración General del Estado y un Alcalde designado por la Federación Canaria de Municipios. Por propia prescripción legal, los miembros dependientes de la Administración autorizante no constituyen mayoría en la comisión.
Por lo tanto, la Delegada del Gobierno en Canarias ha manifestado que son falsas las acusaciones en las que se afirma que la Delegación del Gobierno es quien impide la activación de las cámaras instaladas en el García Sanabria pues para ser autorizadas requieren del informe favorable de la citada comisión que está presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y en este caso no ha sido.
En la reunión de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Canarias celebrada el pasado día 8 de mayo de 2014 se emitió informe desfavorable a la solicitud del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 3 de abril de 2014, para el uso de 20 videocámaras fijas en el Parque García Sanabria.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya había solicitado en el año 2006 y posteriormente en el año 2010 la colocación de veinte videocámaras de vigilancia en el Parque García Sanabria, emitiéndose también informe negativo por parte de la Comisión de Vigilancia en ambos casos por no apreciar la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, atendiendo a los datos de delincuencia aportados en la solicitud, y que podría colisionar con el derecho fundamental de intimidad y a la propia imagen reconocidos en el artículo 18 de la Constitución. En consecuencia, la Delegación del Gobierno en Canarias denegó las autorizaciones solicitadas al ser dicho informe vinculante desfavorable.
