El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la ''ley antidesahucios'', a partir de la modificación de la Ley Canaria de Vivienda de 2003, con los votos a favor de CC y PSOE, la abstención del Grupo Mixto y el rechazo del PP.

La ley comprende, entre otras cosas, la expropiación temporal de viviendas a entidades financieras y la creación de un registro de viviendas vacías del Gobierno, bancos y promotores.

Además, la ley fortalece la figura de la mediación con las entidades bancarias para evitar los desahucios a través del alquiler social, paso previo a que finalmente el Ejecutivo expropie una vivienda por un plazo máximo de tres años.

El diputado del Grupo Popular, Felipe Afonso, que no logró incorporar ninguna enmienda al texto final, ha dicho que la ley canaria es "ilegal" y un "plagio" de la de Andalucía y Navarra, y cree que no hay "medidas efectivas" para garantizar la vivienda a los ciudadanos.

"Es una pantalla para intentar tapar que el Gobierno de Canarias no tiene una política efectiva", ha señalado. Y fue más allá: "Es nauseabundo que se dé como respuesta a la gente una ley inconstitucional".

En su opinión, la ley y el dictamen de la comisión es "inconstitucional", y ha remarcado que las de Andalucía y Navarra ya han sido suspendidas cautelarmente. "Hacen una ley a sabiendas de que es ilegal", ha comentado, al tiempo que ha recordado los informes contrarios de la Consejería de Economía y Hacienda por falta de financiación.

Ha criticado la "actitud hipócrita" de los grupos que apoyan al Gobierno porque "parece" que quieren buscar una solución a los desahucios, que en su opinión, pasa por el "respeto" a la Constitución y al Estado de Derecho. "Aprobar esta ley es un desprestigio al Parlamento", ha comentado.

En su opinión, la mejor fórmula es habilitar líneas de ayudas para préstamos hipotecarios y alquiler y "optimizar" el parque público de viviendas, y ha rechazado que los beneficiarios de la ley deban seguir pagando impuestos.

Por el Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano ha criticado las "descalificaciones" de los populares cuando Canarias viene a cubrir una regulación que es responsabilidad del Estado, al que ha acusado también de ser "responsable" de la burbuja inmobiliaria con la Ley del Suelo de 1997.

Ha dicho que en los casos de Andalucía y Navarra aún no hay sentencias en contra del Tribunal Constitucional, y que la ley canaria ha sido "mejorada" durante el trámite parlamentario. Sobre el papel del Estado, ha dicho que solo en 2013, 38.000 familias han perdido su vivienda pese a que hay una regulación legal que trata de impedir los desahucios.

Ha reconocido que hay "dudas" razonables sobre la legalidad, pero ha insistido en que el Estado tiene competencias para fijar medidas y evitar desahucios, y ha dicho que Canarias "no puede resolver" el problema en su totalidad porque la legislación bancaria depende del Estado y la Unión Europea.

NC PRONOSTICA QUE NO SERÁ EFECTIVA

Román Rodríguez, del Grupo Mixto, --ha conseguido el apoyo a algunas enmiendas-- ha afirmado que la crisis ha "quebrado" el derecho a una vivienda porque hay "miles de familias" que han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca o el alquiler.

Asimismo, ha advertido de que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas "han estado por detrás" de las necesidades de la gente, ya que la ley llega tras siete años de crisis económica.

En su opinión, Canarias llega "muy tarde" porque tiene competencias en Vivienda, y ha pronosticado que la ley no va a resolver el problema, porque los casos de Andalucía y Navarra están suspendidos. "A nosotros nos va a pasar lo mismo, la eficacia de las expropiaciones va a ser cero", ha explicado.

Ha defendido la mediación con los bancos "pero de verdad", porque ahora mismo, los que realizan esa labor son las plataformas antidesahucios, y cree que sin un programa de ayudas operativo "no habrá respuesta" y la ley se convertirá en una "pelea" con el Gobierno central.

"Las leyes tienen que servir para resolver problemas a los ciudadanos, todo no es culpa de los demás, y somos competentes en Vivienda, podemos intervenir. Vamos a ver a cuántas familias vamos a salvar con esta ley", ha indicado.

Además, ha pedido que se refuerce la protección de los avalistas, normalmente familiares que quedan en una posición precaria al ejecutarse las hipotecas.

"VALENTÍA" DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Manuel Fajardo, del Grupo Socialista, ha insistido en que la Cámara "ha mejorado" la ley antidesahucios, y ha felicitado al Gobierno de Canarias por "trasladar" el coste de la crisis "a los que la generaron, los bancos".

En su opinión, o Canarias estaba "pasiva" o buscaba "una solución" a la gente que ha perdido su vivienda, y ha valorado la "valentía" del Ejecutivo por impulsar la ley pese a la amenaza del PP de que es inconstitucional.

Según Fajardo, si hay un "cambio de ciclo" en la economía, como defiende el PP, la ley no será anulada por el TC porque "no pone en riesgo" la situación económica, y ha advertido de que en caso de suspensión, quienes pierden "son los canarios".