Ha transcurrido más de un mes y medio desde que el Gobierno de Canarias publicó la orden que permite concertar camas sociosanitarias para derivar a los pacientes crónicos que ocupan plaza en los hospitales y aún no se ha producido un solo contacto entre la Administración y los empresarios del sector. "El silencio es la única respuesta", lamenta el presidente de la Asociación Canaria de la Dependencia, Juan Luis García del Rey, que explica que los empresarios esperan desde entonces para poner las 700 camas de las que disponen en las Islas a disposición de las familias que las necesitan.

El retraso es la nota dominante de este proceso. La orden de derivación, que establece las condiciones para concertar las plazas privadas, fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 24 de abril, un año y medio después de lo que fijaba el decreto que viene a desarrollar. Pero la aprobación de esta norma aún no ha cambiado nada.

De hecho, los problemas que podría solucionar siguen produciéndose. "Es incongruente que no se haga nada cuando esta misma semana se han tenido que suspender operaciones quirúrgicas en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) por falta de camas", afirma García del Rey.

Según el representante del empresariado, no ha habido ningún contacto con el Servicio Canario de Salud, encargado de coordinar el proceso. Es más, sostiene que ha solicitado un encuentro y que aún no ha sido recibido.

La concertación de las camas del sector privado supondría un importante ahorro para las arcas públicas, tal y como recoge la propia orden, ya que una plaza sociosanitaria es diez veces más barata que una hospitalaria. Asimismo, la medida permitiría generar un puesto de trabajo por cada dos residentes, asegura García del Rey. "Queremos que nos dejen crear empleo", dice el presidente de la Asociación Canaria de Empresarios de la Dependencia.

Las 700 camas que los centros privados dicen tener a disposición de la Administración regional podrían ser más, según ha manifestado anteriormente García del Rey, que asegura que hay empresarios que, con una normativa adecuada y posibilidades de concertación, quieren construir nuevas instalaciones.