La Universidad de La Laguna informó ayer de que no ha recibido resolución oficial alguna del Cabildo de La Palma sobre los alumnos de la Isla que disfrutan de becas para el alojamiento, lo que obliga a la institución académica a cobrar la estancia a los propios estudiantes, tal y como EL DÍA adelantó en su edición de ayer.
La ULL informó ayer de que tiene suscrito un convenio con cada cabildo insular para gestionar el número de estudiantes procedentes de las diferentes islas que acceden a la institución académica en condiciones preferentes, es decir, con ayuda económica de la corporación insular, en función del cumplimiento de una serie de requisitos.
Hasta el pasado curso académico, el convenio que mantenía con La Palma indicaba que la corporación insular abonaba un tercio de las tasas de los colegios mayores mientras que la universidad subvencionaba el 60% restante. Dentro de ese marco regulador se indicaba que era la propia institución académica la que baremaba a los alumnos y la forma de proceder a la exención de tasas se correspondía con que los estudiantes no abonaban el último trimestre de su alojamiento en los centros de residencia de la institución universitaria.
A petición del propio Cabildo, advierte la ULL, en este curso académico (noviembre de 2013) se ha modificado el convenio, que ahora estipula que la baremación de candidatos y selección de alumnos becarios la realiza la corporación insular. A día de hoy, la Universidad de La Laguna "no ha recibido resolución oficial, ni provisional ni definitiva, sobre quiénes son los alumnos becados, por lo que no puede de ninguna forma proceder a la exención del pago, puesto que desconoce quiénes son los concernidos por esta ayuda".
Tal es así, se subraya desde la universidad tinerfeña, que la propia vicerrectora de Tecnologías de la Información y Servicios Universitarios, Rosa Aguilar, remitió el pasado 11 de junio una carta a la consejera de Asuntos Sociales y Educación del Cabildo de La Palma, Jovita Monterrey, en la que le recuerda que habiendo entrado ya en los últimos meses de curso "no se dispone en la universidad de ninguna relación provisional o definitiva de adjudicatarios, lo que deja sin cobertura de legalidad tributaria a la universidad para aplicar bonificaciones anticipadas en el cobro de los precios públicos sin que esté determinada la identidad de las personas beneficiarias de la ayuda en que se tiene que amparar la bonificación anticipada".