El presupuesto general del Ayuntamiento de Arona para el presente año aún no se ha aprobado y tardará todavía en ratificarse porque el departamento de Intervención está muy ocupado con el envío de expedientes a un juzgado que ha solicitado todos aquellos informes de supuestos pagos ilegales realizados en el periodo 2007-2011 y que constan en el caso Arona 3.
El concejal que denunció estas supuestas irregularidades es José Antonio Reverón, exedil del PSOE y ahora en Ciudadanos por Arona. Según Reverón, los "pagos ilegales" por diferentes conceptos desde el consistorio fueron y continúan siendo "una práctica habitual del gobierno de CC", a pesar de las investigaciones judiciales.
A tenor de los datos recopilados por este edil, entre 2002 y 2012 "se hicieron pagos ilegales" supuestamente por casi 92 millones de euros, es decir, sobre los que Intervención advirtió de su ilegalidad porque no cumplían los requisitos. Y eso sin contar la gestión de los patronatos: Servicios Sociales, Cultura, Deportes y Turismo.
José Antonio Reverón cree que esa forma de gestionar de diferentes gobiernos municipales "suponían manejar el dinero de forma arbitraria". Para Reverón, "lo incomprensible es que, a día de hoy, se siga haciendo, a pesar de lo que supuso el caso Arona" y otros procesos judiciales. Un ejemplo de que no hay intención de rectificar es que los "pagos ilegales" en 2012 ascendieron a más de quince millones de euros, según el representante de Ciudadanos por Arona.
Los diferentes tipos de pagos ilegales fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, por si fueran constitutivos de delitos en relación al pago de facturas.
En el mandato 2003-2007, el PSOE empezó a advertir al gobierno municipal que tales prácticas no se ajustaban a la legalidad. Pero Reverón recuerda que, ante la falta de medidas correctoras, "la única salida fue poner en conocimiento de Fiscalía tales irregularidades".
Los casos más frecuentes de advertencias de ilegalidad se han producido cuando los técnicos "hacen constar que no está claro que ese dinero se haya gastado en lo que dicen los políticos; que se fracciona la cuantía para eludir los trámites de la legislación; que en varios expedientes de obras no existe proyecto de ningún tipo ni se acredita que se han realizado los trabajos descritos en la factura; que no hay formalización de ningún tipo, tratándose de contratos verbales", entre otras cosas.
Reverón añade que la mayoría de los gastos se hicieron "sin la existencia de crédito en el momento de su ejecución, "lo que los convierte en nulos de pleno derecho".
Años Cantidades
2002 14.403.000 euros
2003 16.711.000 "
2004 14.238.000 "
2005 12.044.000 "
2006 4.344.000 "
2007 2.101.000 "
2008 5.312.000 "
2009 3.707.000 "
2010 2.064.000 "
2011 2.057.000 "
2012 15.000.000 "
TOTAL 91.981.000 "