"La construcción es nuestro oficio, y ofrecemos mano de obra y trabajo para rehabilitar el teatro Pérez Minik sin demolerlo como pretende el Gobierno de Canarias". Así se manifiestan los portavoces de la veintena de okupas que viven en las instalaciones del deteriorado Parque Cultural Viera y Clavijo. Además, instan a la consejera regional, Inés Rojas, "a venir por aquí antes de opinar. Y sus técnicos en todo caso se habrán asomado porque no los hemos visto".
Losada, Veloso y Emsa son algunos habituales del recinto. El Día los visitó junto a Carlos Castañosa y Ana Mendoza, miembros de la asociación ciudadana que pretende rehabilitar este inmueble emblemático hoy con un "paisaje" de grandes ratas y basura, algo "dulcificado", precisamente por la acción de estas personas residentes.
Losada, "el alcalde del Viera"; Veloso y Emsa llevan entre dos y tres años allí, no tienen donde ir pero están dispuestos a "trabajar y a luchar" por la que sienten como su casa, incluso poniéndose delante de las palas si llegan.
"Tirar esto es un peligro, insisten, porque solo un par de pisos por debajo está el transformador que alimenta al hotel Escuela, el estadio o Tomé Cano".
Castañosa explicó: "Hemos acudido al Diputado del Común que considera nuestra petición legítima y viable. A través de la institución iremos a la Fiscalía si el gobierno no recapacita". "Creemos, continuó, que ha habido un expolio del patrimonio y la del Gobierno es una huida hacia adelante. Ahora dan un mes para desalojar y ya hay respuesta ciudadana para impedirlo porque han cuidado y limpiado el recinto sin ayuda institucional".
Losada señala que "aquí no rompemos como otros. Por ejemplo, cuando se llevaron el busto de Viera y Clavijo ayudamos a bajar la estatua después de un despliegue sin éxito con grúa y operarios".
"Entrar aquí manu militari sería agravar un delito tras el abandono desde que el ayuntamiento cedió el parque en 2006, la destrucción del teatro y la demolición de un BIC", apostilla Castañosa. "Han declarado el edifico en estado de emergencia y luego dan un mes para el desalojo", añadió.
Agradecen el apoyo del edil de Urbanismo, José Ángel Martín -quien ayer apeló al posible incumplimiento del artículo 58 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y a la vía administrativa antes de ir a la Penal- y al arquitecto municipal Germán Delgado, "el único que ha venido por aquí", quien opta por rehabilitar. Critican al alcalde "al no resolver unilateralmente el convenio por incumplimiento, pedir una indemnización, rehabilitar el edificio con ella y contratar a estas personas".