El deterioro de la situación económica de las familias canarias no se ha visto acompañado, en líneas generales, por la aplicación de medidas que abaraten el consumo de agua. La mayoría de las corporaciones locales de las Islas, un 63,5% del total, no bonifica las tarifas a pensionistas, jubilados, familias numerosas o personas que no alcancen un determinado nivel de renta.

Así se recoge en el informe de fiscalización de la gestión del agua en las entidades locales aprobado recientemente por la Audiencia de Cuentas de Canarias y referido al año 2012. El órgano de control cifra en un 33,8% la proporción de ayuntamientos que sí aplica deducciones, en tanto que el 2,7% no ha facilitado información.

Las islas en las que las bonificaciones están más extendidas son Tenerife y La Gomera -el 40% de sus ayuntamientos las aplican-, mientras que ninguno de los consistorios de El Hierro adopta este tipo de medidas. En Gran Canaria lo hace un 31,6% y en La Palma un 23,1%. En cuanto a Fuerteventura, el consorcio insular encargado del abastecimiento no bonifica; en Lanzarote, por el contrario, existe un descuento en el agua potable con uso agrícola.

El informe señala, además, que más de la mitad de los entidades locales -un 55,4%- corta el suministro de agua en caso de impago; un 37,8% no lo hace y el resto no ha contestado a los requerimientos de la Audiencia.

Las corporaciones más "implacables" en este sentido son las de Fuerteventura y Lanzarote: todas las que han respondido proceden al corte cuando el usuario deja de pagar. Un 73,7% de las de Gran Canaria y un 60% de las de Tenerife actúan de la misma manera. En La Palma y El Hierro solo lo hace la mitad de los que han contestado, y en La Gomera, el 20%.

El servicio público de abastecimiento de agua en Canarias se presta en un 56,6% mediante gestión directa, por gestión indirecta en un 40,8% y a través de otras fórmulas en un 2,6% de los casos, según la información reflejada en el informe de la Audiencia de Cuentas.

El análisis del organismo hace referencia, asimismo, a la diferencia que se produce entre el volumen total de agua que se obtiene mediante desalación o compra -199,6 millones de metros cúbicos- y el que se factura -135,1 millones de metros cúbicos-, procedente de "las mermas o pérdidas en la red", el agua almacenada en depósitos al final del ejercicio y la que no llegó a facturarse.

Los precios del agua de abastecimiento más bajos son los de La Palma -0,94 euros por metro cúbico en Los Llanos de Aridane, el único municipio que supera los 20.000 habitantes y 0,90 en el resto- y los más elevados se pagan en Fuerteventura (2,03 euros). En Gran Canaria ascienden a 1,77 y 1,78 -en función de si superan o no la citada población-, en Tenerife a 1,56 y 1,07, en La Gomera a 1,07 y 1, en El Hierro a 1,07 y en Lanzarote a 1,91.