Los servicios de dependencia en Canarias tendrán coste cero para aquellas personas que tengan ingresos inferiores a los 549 euros al mes, el resto de los beneficiarios deberán pagar la totalidad o una parte proporcional en función a sus rentas y capacidad económica, tal y como confirmó ayer en durante el Pleno del Parlamento la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas.
"Toda la normativa vinculada a dependencia que corresponde ir adaptando a Canarias ya se ha ido resolviendo desde el año 2008 con los decretos de acreditación, intensidad de los servicios, de acreditación de centros, de regulación de procedimiento y restan dos por aprobarse que son los de acceso y el capacidad y participación económica, pero este último ya está en el Consejo Consultivo", explicó ayer Rojas antes de detallar que este último cumplirá el mandato del Consejo Territorial de la Dependencia que consiste en que las personas que tengan como ingresos menos de un Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, 449 euros, estarían exentos de participar en la prestación de servicios y los que tengan ingresos superiores se evaluarán a través de unas tablas y unos baremos que también tendrán en cuenta la capacidad económica del beneficiario para calcular su aportación.
Rojas descartaba así la posibilidad creada por el propio Consejo de aumentar esa cuantía aún más y ser la comunidad autónoma, y no el beneficiario, la que asuma el coste de la diferencia.
"Se regulariza la situación y se hace más homogénea en toda Canarias, haciendo del sistema más justo y más equilibrado, puesto que se fija la capacidad económica y los criterios por los que se establece por el servicio que se reciba, tal y como ha acordado el Consejo Territorial de la Dependencia y a nosotros no nos parece un mal sistema", abundó la consejera antes de recordar que con la aprobación de este decreto se cumplirá con el "último tramo de aplicación del mandato del Consejo Territorial de la Dependencia", aunque recordó que casi todos los decretos ya aprobados han de revisarse "debido a los continuos cambios legislativos que ha habido".