La patronal Ashotel y Comisiones Obreras han expresado su oposición a la legalización de la actividad de los alquileres vacacionales en las islas, ya que "pueden perjudicar la imagen de la marca Canarias como destino turístico y que tanto esfuerzo ha costado construir".
En rueda de prensa, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, comentó que esta actividad "no sólo no genera empleo, pues en muchos casos se realiza en el marco de la economía sumergida, sino que amenaza los puestos de trabajo legalmente existentes".
Manuel Fitas, secretario de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO-Canarias, la calificó de "amenaza directa" al empleo legal, y añadió que las miles de camas que se alquilan con este formato "no generan puestos de trabajo y pueden provocar una caída de los precios establecidos en el sector".
Ambos coincidieron en que la gran mayoría de estas viviendas no reúne los estándares mínimos de calidad, seguridad y accesibilidad como para ofrecerse como alojamiento turístico, así como que estos alojamientos no tienen permiso de las comunidades de propietarios de inmuebles residenciales ni cuentan con registros de hojas policiales.
"Esta situación ataca los intereses de empresarios y trabajadores", afirmó Fitas, quien informó de que se han levantado hasta ahora 7.500 actas por infracciones de este tipo y abogó por un incremento de las inspecciones de estos negocios, un aspecto con el que coincidió Jorge Marichal.
Manuel Fitas detalló que hasta hoy se ha recabado el apoyo vía carta de 88 comités de empresa de establecimientos turísticos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Lanzarote, que representan un total de 11.236 trabajadores y que se trasladarán al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero.
Marichal consideró también que legalizar estas viviendas para uso turístico podría suponer un "efecto llamada" de la burbuja inmobiliaria, puesto que se abriría la "peligrosa" vía de construir casas exclusivamente destinadas a este fin.
Aseguró, además, que "bajo el disfraz de comercio colaborativo con el que se pretende vender esta actividad peer to peer (P2P) se esconden verdaderos negocios encubiertos que no pagan ningún tipo de impuestos".
La Asociación ya ha trasladado su posición a los representantes políticos a través de varias reuniones con el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, al que ha advertido del daño que esta legalización supondría al sector legalmente constituido.
DEFENSA "FIRME"
Por otro lado, la patronal y el sindicato han exigido la defensa "firme" de la oferta legal de la hostelería en Canarias, dado el "importante volumen" de puestos de trabajo que genera este sector, y trasladaron la necesidad de proteger el empleo en el "único sector" que en estos momentos tira de la economía en el archipiélago.
En este sentido, detallaron que la hostelería cerró el pasado mes de mayo con una caída del 4,5% del desempleo en las islas respecto al mismo mes de 2013, lo que supone 5.000 contratos más y un incremento de 6.900 afiliaciones a la Seguridad Social.