La nueva Ley canaria de Vivienda ya es una realidad, tras algo más de un año en trámite. El Boletín Oficial de Canarias publicó ayer la modificación de la norma del año 2003 "con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda", según indicó ayer en una nota la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda. Sin embargo, la legislación nace prácticamente muerta, puesto que lo lógico es que sea paralizada por el Tribunal Constitucional en los próximos días por incorporar la figura de la expropiación forzosa de la vivienda a las entidades bancarias por un periodo máximo de tres años en el caso que ello conlleve la exclusión social de sus moradores.

Y es que por ese mismo motivo se encuentra suspendida desde hace casi un año la ley andaluza de vivienda en el Tribunal Constitucional, puesto que considera que la norma entra en conflicto con el derecho a la propiedad privada.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) su portavoz en Canarias, Iván Llamazares, no duda en calificar de "electoralista" la aprobación y publicación de esta ley por parte del Gobierno de Canarias.

"Saben que se va a quedar sin efecto más pronto que tarde, pero venderán que han querido proteger a los desahuciados, cuando no es así, por que si lo quisieran de verdad habrían incluido medidas para las personas que viven de alquiler y para recuperar las viviendas que no cumplieron con la Reserva de Inversiones Canarias (RIC) o las que tiene el banco malo, pero nada se ha hecho", dijo.

Además, desde la PAH consideran un "remiendo" el hecho que el Gobierno prevea evitar los desahucios por un periodo máximo de tres años y no oferte una solución definitiva.

"Lo que han previsto es paralizar el lanzamiento durante un periodo máximo de tres años y durante ese tiempo la familia ha de pagar un justiprecio similar a un alquiler social para permanecer en la vivienda pero, acabado ese plazo, el problema vuelve al comienzo y se tienen que ir y mantienen la deuda. ¿Es esta una solución o lo que se busca es dentro de tres años decir que se van a reunir con los bancos para buscar soluciones y volver a intentar sacar rédito electoral", duda Llamazares.