El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP), ha defendido hoy que el Gobierno de Canarias "no tiene ningún derecho" a reclamar la gestión de los aeropuertos de las islas a partir de la decisión del Estado de privatizar el 49% de la sociedad pública Aena.
El Gobierno de Canarias acordó la semana pasada solicitar que se reúna la Comisión Mixta de Transferencias para demandar que le traspasen los aeropuertos del archipiélago, con base al artículo 33 del Estatuto de Autonomía, que otorga a la comunidad autónoma la competencia sobre los aeródromos de interés general "cuando el Estado no se reserve su gestión directa".
El Gobierno que preside Paulino Rivero sostiene que esa situación se ha producido con el proceso de venta de Aena, aunque el Estado se reserve el 51 por ciento de la propiedad de esa sociedad.
El ministro de Industria y Turismo se ha pronunciado hoy sobre este asunto en Radio Teide, cuando se le ha preguntado si cree que al Gobierno canario le asiste algún derecho en esa reclamación de competencias: "Ninguno, no tiene ningún derecho", ha sentenciado.
Soria también ha valorado la situación en la que se encuentra el expediente de las prospecciones petrolíferas, después de que el Tribunal Supremo haya avalado su legalidad y de que el Ministerio de Medio Ambiente haya aprobado la declaración de impacto.
El titular de Industria ha explicado que, en este momento, el inicio de los sondeos petrolíferos que pretende realizar Repsol ya no depende de ninguna "decisión política", sino técnica, de que se cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente, conforme a un procedimiento "reglado".
"No puedo decirle (cuándo será), igual es en unos días, en unas semanas, igual es mañana, igual es pasado... Lo desconozco totalmente, porque es una cuestión reglada. Esto ya no depende de ninguna decisión de carácter político, sino de una decisión puramente administrativa", ha insistido.
Soria ha recalcado que la declaración de impacto y la sentencia del Supremo indican que las prospecciones no afectan a ningún lugar protegido en la actualidad en la Red Natura 2000 ni a ningún otro cuya declaración esté en estudio, y también ha remarcado que se han establecido salvaguardas para garantizar que no se daña al medio.
Además, ha recordado que hasta hace unos años, en España no se exigía declaración de impacto ambiental para realizar prospecciones petrolíferas y que fue el actual Gobierno central el que elevó el listón de exigencia ambiental con una modificación de la ley.
El ministro ha expresado su respeto por quienes se manifiestan contra el petróleo de forma cívica y dentro de lo que establece la ley, pero ha criticado que se "confunda a los ciudadanos" sobre esta cuestión con dinero público y ha pedido "sensatez".
Sobre la posibilidad de que el Gobierno canario decida convocar una consulta popular sobre las prospecciones a pesar de no haber recibido la autorización para ello del Consejo de Ministros, Soria ha remarcado que la primera obligación de cualquier gobernante es "cumplir y hacer cumplir la ley".