Si no lo es ya, el Reglamento Regulador de Uso y Gestión de los Centros Ciudadanos va camino de convertirse en todo un lujo. Así, por lo menos, se desprende de su coste.
El concejal de Participación Ciudadana de La Laguna, el socialista Javier Abreu, aseguró ayer que en el documento, cuya elaboración se inició a finales de 2004, se han invertido ya 600.000 euros. Y aunque no especificó en qué -en asesorías, generalizó- , sí se mostró dispuesto a ofrecer las facturas que justifican su afirmación.
Lo hizo en el pleno municipal en el que, por unanimidad política -la vecinal no es total-, se aprobó de manera provisional el controvertido texto. Controvertido, tanto por su contenido como por las dificultades para lograr un acuerdo definitivo.
Y es que, a pesar de que el reglamento llegaba ayer al pleno con cierto rodaje vecinal, Moisés Afonso, de la Unión Verdeña; Justo Reyes, de La Atalaya; y Francisco Barreto, del barrio de La Candelaria, volvieron a mostrarse críticos con el texto. Sobre todo los dos primeros.
Reyes, por ejemplo, volvió a insistir en la defensa de las cantinas, un asunto que se suponía pactado con anterioridad, y en la posibilidad de que el concejal de turno pueda disolver un consejo de centro cuando no le "caiga simpático". "Los políticos están de paso y los vecinos seguimos en los barrios", sentenció Reyes.
Y Afonso advirtió de que presentarán los recursos legales necesarios si en el documento que se apruebe "no ve cumplidas sus expectativas". Entre otras cosas, rechazó que no se respete la idiosincrasia de los centros de las zonas urbanas y las zonas rurales. "Queremos un reglamento justo y proporcionado", dijo también.
Afirmaciones a las que, en un receso del pleno, respondió Javier Abreu. "Si el representante de La Verdellada quiere jugar a política, que se quite la careta. En los dos lados no se puede estar", afirmó.
En su intervención en el pleno, el concejal de Participación Ciudadana defendió que todos los acuerdos se han hecho con consenso e insistió en que las cantinas "tienen que estar reguladas y legalizadas". "El dinero no puede ir al bolsillo de un particular; las leyes vienen impuestas y lo que hay que hacer es cumplirlas", añadió Javier Abreu.
El documento aprobado ayer incluye tres modificaciones, acordadas con los representantes vecinales, de los artículos 6 (adscripción de los centros ciudadanos), 27 (consideración como sede de uso social y participativo) y 39 (disposición relativa a la comida y bebida).
Pero aún quedan otras que definir. El día 17, el edil se reunirá de nuevo con los vecinos para tratar de cerrar nuevos acuerdos. En principio, el periodo de exposición pública se prolongará durante todo el mes de agosto.