El consejero de Comercio del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, tiró ayer de documentación oficial para demostrar que la institución insular no invirtió ni un solo euro durante los años 2011, 2012 y 2013 en la mejora de las zonas comerciales abiertas, "cuando Coalición Canaria gobernaba" la Isla, períodos en los que la corporación palmera llegó a solicitar hasta tres prórrogas al Gobierno de Canarias "para no poner el dinero que le correspondía" en el convenio firmado por ambas administraciones para apoyar a los establecimientos entre 2010 y 2015.
"El Gobierno les dijo (en referencia a los nacionalistas en el Cabildo) que tenían que poner el dinero de 2011 y pidieron una prórroga, lo mismo reclamó en 2012 y se solicitó una segunda prórroga, una situación que se repitió de nuevo en 2013", justificando siempre la decisión "por la grave crisis económica", señaló el consejero, quien explicó que en los presupuestos de 2014 el gobierno formado por Partido Popular y Partido Socialista ha cambiado la dinámica.
El Cabildo asume ahora "la responsabilidad" de aportar cerca de medio millón de euros para la ejecución de obras en las zonas comerciales, cumpliendo con las exigencias de financiación dineraria del Gobierno canario y garantizando con ello que la Isla pueda participar en el nuevo convenio de colaboración con la Dirección General de Comercio, que estará en vigor hasta 2020.
Los nacionalistas, a través de la consejera Cristina Carnicer, acusaron el pasado miércoles al consejero del retraso en algunas obras, reclamando al propio Hernández Zapata que cumpliera sus compromisos con los comerciantes. La respuesta del político del PP no se hizo esperar y tras entregar a los medios informes de los años anteriores, algunos firmados por la propia Carnicer, se preguntó cómo pueden cuestionar el trabajo de otros aquellos que no han sido capaces de invertir ni un solo euro en los últimos tres años: "Hemos pasado de la nada, de cero euros, a los hechos", sentenció.
Mariano Hernández aprovechó su intervención para informar también sobre las actuaciones previstas para favorecer los comercios del municipio de El Paso, que carece de zonas peatonales y acondicionadas adecuadamente para que los establecimientos se desarrollen; Puerto de Naos, en Los Llanos de Aridane, que no dispone de accesibilidad en la parte trasera de la avenida; o San Andrés y Sauces.
De igual forma, recordó que la avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma se incluirá en el plan de zonas comerciales, desde la plaza de la Constitución hasta el inicio de El Puente. Hizo especial hincapié en que las actuaciones se ejecutarán "con la colaboración de los ayuntamientos y de los comercios, y no de espaldas a ellos, como anteriormente se hacía".
Obras en la calle Anselmo Pérez de Brito
El consejero de Comercio se presentó ante los medios con la intención de demostrar que cada una de sus afirmaciones estaba avalada por informes técnicos. Es decir, que no eran simplemente valoraciones subjetivas. Así ocurrió también a la hora de hacer una valoración de las obras en la calle Pérez de Brito, desde la Placeta de Borrero a las Cuatro Esquinas. Mariano Hernández afirmó que "solo es posible llevar a cabo la actuación cuando se dispone del presupuesto necesario para ello", para reconocer con posterioridad que esta actuación "ha sufrido un retraso que ha sido explicado en reiteradas ocasiones. Se llevó a cabo un concurso público en el que hubo una baja temeraria y se tuvo que reactivar el procedimiento que finalmente fue adjudicado a la segunda empresa que había concurrido". En concreto, según el informe técnico entregado a los medios, firmado por el jefe de servicio del área de Infraestructuras, la oferta económica presentada por la empresa UTE Comsa SAU-Sardalla Española SA "se considera desproporcionada por presentar una baja del 30,97% y un plazo de ejecución insuficiente para garantizar el normal desarrollo de las obras". Mariano Hernández señaló que "el retraso ha sido producido por optar por una gestión completamente trasparente dentro de la administración pública y por problemas administrativos". La UTE descartada por baja temeraria ha presentado una reclamación contra la decisión del Cabildo de La Palma, que, sin embargo, ha decidido comenzar con los trabajos antes de que se resuelva el conflicto, que puede acabar en los tribunales. A propósito, el responsable insular de Comercio informó de que esta obra cuenta con un presupuesto de 670.000 euros y con un plazo de ejecución de seis meses", y según la estimación de la dirección de la obra "está previsto que la próxima semana se proceda al vallado para el inicio de la misma". Lo evidente es que los trabajos podrían perjudicar a los comerciantes de la zona en la campaña de Navidad de 2014.