El Ayuntamiento de Santa Cruz sorprendía el viernes con la convocatoria de prensa de los acuerdos de la Junta de Gobierno de ayer, algo que no ocurría hace años. Olía a bomba informativa y así fue. El alcalde Bermúdez anunció la decisión de "iniciar el procedimiento de intervención en la gestión del servicio del ciclo integral del agua en el municipio". O sea, intervenir en Emmasa "con la absoluta garantía de la prestación del servicio público".
Bermúdez estuvo acompañado por el primer teniente de alcalde, José Ángel Martín, y el edil de Servicios Públicos y presidente de Emmasa, Dámaso Arteaga.
"La intervención propuesta se basa en los principios jurídicos de legalidad y proporcionalidad", afirmó Bermúdez, quien aclaró que "no se interviene la empresa, sino el servicio de la gestión del agua".
Emmasa y su socio mayoritario (tras ganar el concurso abierto en 2006), el grupo Sacyr Vallehermoso, tienen ahora cinco días para presentar alegaciones. Luego, el ayuntamiento designará a uno o varios interventores, que, con un plazo inicial de seis meses, prorrogables, intentarán "llevar a la legalidad las subcontrataciones efectuadas por la empresa", así como el cumplimiento del compromiso del denominado "know how" y las inversiones previstas en el pliego de condiciones.
Tras la sanción de 450.000 euros impuesta a Sacyr Vallehermoso en mayo de 2013 se abrió otro expediente requiriendo a la empresa nueva información sobre subcontrataciones, además de encargar una auditoría de cumplimiento. Una vez analizado el resultado de esta última, los servicios administrativos han propuesto la intervención de la gestión del ciclo del agua. El alcalde aclaró durante su comparecencia que "la prestación del servicio público está garantizada".
La intervención designada mantendrá los órganos directivos. Durante el proceso, con arreglo a la legislación vigente, se dará trámite a la otra parte con todas las garantías previstas.
El procedimiento inicial llevará unos dos meses y medio. Emmasa y Sacyr Vallehermoso podrán hacer alegaciones y el Consejo Consultivo de Canarias deberá realizar un informe preceptivo.
Además de la auditoría externa, en el informe de 31 páginas dado a conocer ayer se ha tenido en cuenta el estudio previo de los servicios técnicos, la Secretaría y los Servicios Jurídicos.