La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado un recurso interpuesto por el Banco Santander revocando el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Los Llanos de Aridane, que frenaba una ejecución hipotecaria de 1,3 millones por la desaparición de 301.000 euros de la cuenta de una de las empresas deudoras.

El magistrado del juzgado llanense paralizó los embargos por prejudicialidad penal, al entender que la entidad bancaria tenía que demostrar primero dónde se encontraba el dinero extraviado antes de tener autoridad legal para seguir "apoderándose" de los bienes hipotecados a las entidades Bussines e Inversiones Insulares Cock, cuyo propietario, el empresario vasco César Gil, intentó sin éxito el desarrollo turístico del Puerto de Tazacorte y no pudo hacer frente a las cuotas del crédito solicitado.

La Audiencia Provincial sentencia, sin embargo, que la suspensión de los embargos tan sólo puede fundarse en causa penal en la que se investiguen hechos "que incidan en la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución hipotecaria".

En este caso, sostiene el Tribunal en su resolución del pasado mes de junio, "la salida o desaparición de una determinada cantidad (de dinero) de la cuenta corriente que una de las ejecutadas tiene en el banco ejecutante (Santander), no tiene relación con el hecho que se ejecuta por cuanto ni siquiera la cuenta objeto de las diligencias previas es la misma que la de la ejecución". Es decir, los euros "volaron" de otra cuenta.

Que se hayan extraviado los 300.000 euros tampoco incide "en la validez o licitud del despacho de ejecución", ya que "la cantidad desaparecida ni se integra en la liquidación del mencionado acto ni tampoco se afirma por el denunciante que debería estar integrada en esa liquidación". En la sentencia se hace hincapié en que cualquier reclamación que el deudor o cualquier interesado pueda formular "se ventilarán en el juicio que corresponda, sin suspender o entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo", es decir, en los embargos.

El empresario afectado, César Gil, manifestó a EL DÍA que "es una sentencia totalmente orientada y sin salvaguardar los intereses del demandante con imparcialidad en beneficio del Banco Santander". Además, hizo hincapié en que "seguiremos reclamando saber dónde están los 300.000 euros".

Gil se sorprendió además de que "estas cosas sospechosamente vayan rápido, pero cuando las pedimos nosotros se eternizan", poniendo como ejemplo que "llevamos pidiendo desde 2008 la hora en la que se hizo un depósito para una subasta y todavía no han contestado, lo que denunciamos en el Consejo General del Poder Judicial" o "el caso de Los Tarajales (un edificio dentro de los dominios marítimo-terrestres) , que lleva 14 años esperando".