Hace dos semanas, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció que iba a llamar de inmediato a la consejera de Empleo, Francisca Luengo, para retomar las negociaciones de la VI Concertación Social, empantanadas, entre otras cosas, por las diferencias habidas a cuenta del número de sindicalistas a liberar para incorporarse al proceso. El martes pasado, Luengo confirmó que ya había un acuerdo -serán seis para CCOO y seis para UGT- y que las conversaciones se retomarán esta misma semana -última de julio-, por lo que en la práctica no será hasta septiembre cuando arranquen de verdad.

Las negociaciones avanzan así con un retraso importante en relación al calendario acordado en abril. Entonces, el Gobierno canario anunció tras reunirse con sindicatos y patronales que se constituirían cuatro mesas técnicas que alcanzarían acuerdos para la primera semana de julio, mientras que otras cuatro se pondrían en marcha tras el verano con la idea de acabar el proceso antes del 31 de diciembre. Esas fechas ya son imposibles de alcanzar.

Las conversaciones del proceso anterior -la V Concertación Social- también comenzaron poco antes de las pasadas elecciones autonómicas, por lo que parece ya una tradición que el Ejecutivo deje el asunto para última hora. Como entonces, esta vez también habrá que confiar en que los acuerdos alcanzados antes de los comicios serán respetados por el Ejecutivo que resulte tras la consulta electoral para retomar luego el proceso a partir de ese punto con los nuevos responsables, una incertidumbre que supone otra dificultad añadida a una negociación ya de por sí complicada.

Los sindicatos protestaron desde el primer día a cuenta de los escasos recursos humanos que se les dejaba para afrontar las conversaciones de la VI Concertación Social, más cuando se suponía que habría cuatro mesas abiertas de forma simultánea en cada tanda. "Cuando la consejera va a una mesa ya se ha reunido con su ejército de asesores, pero a nosotros nos reducen el número de personas que pueden dedicarse a estudiar cada tema", lamenta el portavoz de CCOO, Carmelo Jorge, quien explica que en 2010, su organización tenía 30 liberados para estudiar las propuestas en cada materia, consensuarlas en el seno del sindicato y negociarlas ante patronales y Gobierno. Desde 2012 el número bajó a 20, y este año, a seis.

El secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, responsabiliza al Ejecutivo por el retraso en la solución del problema. "La respuesta estaba en sus manos, dejaron pasar el tiempo".

En cambio, Luengo remarca que en este asunto no hubo negligencia. "Había un problema que ya está solucionado", zanja. "Esto no puede poner en duda la voluntad negociadora del Gobierno", insiste al rechazar las críticas de ambos sindicatos: Jorge cree que el proceso está "en coma profundo", y Santana, que está "congelado".

El Gobierno ya convocó una reunión para el jueves a fin de fijar, otra vez, el calendario de las mesas técnicas. Y CCOO augura que ese mismo día resurgirá el problema que ya se dio en abril.

Con seis liberados, avisa, irá a negociar, pero no podrá participar en más de tres mesas al mismo tiempo. "A medida que hay más asuntos abiertos es más fácil llegar a acuerdos, pero el empeño del Ejecutivo de limitar el número de participantes sindicales atenta contra el proceso", lamenta Jorge.

Además del número, la primera reunión también definirá qué mesas se abrirán y en qué orden, otro tema polémico. "El Gobierno apuesta por la de Garantía Juvenil porque tiene fondos de la UE, pero CCOO quiere crear un salario mínimo de inserción en el marco de la protección social". Santana, por su parte, avisa de que incluirá elementos presupuestarios en las conversaciones.

La seguridad de que habrá nuevos tropiezos y el retraso en las conversaciones hacen que los sindicatos acudan a la cita con las alarmas encendidas. "No aceptaremos que nos presenten una propuesta cerrada o que solo demos sugerencias, queremos negociar", coinciden Jorge y Santana.