El líder del PP canario -y ministro de Industria, Energía y Turismo-, José Manuel Soria, ayer presidió en Santa Cruz de Tenerife la reunión del comité ejecutivo regional, encuentro que sirvió -entre otras cosas- para explicar a los suyos el alcance de la orden de las restribuciones específicas para las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas aplicables en las Islas que firmó ayer y que saldrá publicada, previsiblemente, entre lunes y martes de la próxima semana en el BOE.

La tarifa -de 84,2 euros por cada hora de megavatio de energía renovable volcada a la red que proceda de nuevas instalaciones- es la que en su momento negoció el departamento de Soria y la consejera regional de Energía, Francisca Luengo, y que el Ejecutivo autonómico venía exigiendo desde el verano del año pasado que se publicara de forma definitiva.

Al respecto, Luengo recordó ayer que el lunes de esta semana volvió a demandar al ministerio en Madrid que incluyera la retribución en el BOE -el Estado había prometido que lo haría antes del verano- y aunque criticó que debió salir antes, atribuyó al trabajo "constante y conjunto" de ambas administraciones su publicación.

La consejera, como el subsecretario de Energía, Enrique Hernández Bento, remarcaron que la aprobación definitiva de la tarifa posibilitará que salgan adelante los parques eólicos proyectados en las Islas, objetivo que Soria también remarcó como estratégico, pues en la península el 42% de la energía proviene de fuentes alternativas, pero en Canarias su participación solo llega a un exiguo 7%.

La otra incertidumbre con la que deben lidiar los interesados en invertir en los parques eólicos de Canarias tiene que ver con la construcción proyectada de subestaciones eléctricas para hacer posible el vertido de electricidad desde los aerogeneradores -o las instalaciones fotovoltaicas- hasta la red -que es justo lo que justifica el pago de la retribución-.

Bento advirtió al Gobierno de Canarias que debe esforzarse para no entorpecer la realización de esas infraestructuras, que deberá ejecutar Red Eléctrica de España (REE) según la planificación ya aprobada, pero Luengo replicó que las inversiones en materia energética gozarán de la clasificación de "estratégicas", por lo que podrán tramitarse de forma abreviada -y preferente- para eludir las trabas administrativas que podrían enfrentar por la vía regular.