"No me siento ciudadano de segunda categoría, sino de última", aseguró ayer Marco Cherubino, un vecino de Santa Cruz que lleva reclamando la Prestación Canaria de Inserción (PCI) desde el pasado 20 de enero. Durante estos siete meses ha pasado "un auténtico calvario" producto de la burocracia y la demora en la tramitación de la ayuda y por "las actitudes poco profesionales" del personal del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), lo que le ha dolido mucho más, señaló.
Tanto, que ha dado el paso y ha puesto en manos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el caso contra el Ayuntamiento capitalino y el IMAS, denunciando los retrasos en la tramitación de su solicitud de la prestación económica "y las vejaciones recibidas por parte de algunos empleados de los servicios sociales de la Unidad de Trabajo Social (UTS) de Añaza".
Al respecto, apuntó que junto al documento ha presentado pruebas documentales, asegurando poseer grabaciones de conversaciones que pone a disposición para poner en evidencia "el maltrato al que me he visto sometido durante estos siete meses".
Cherubino, de 51 años de edad, logró que a principios de año le aceptaran la solicitud de la PCI. En este sentido, le ponen en lista de espera con el número 16, pero hasta el pasado mes de julio todo han sido trabas por parte de "varios trabajadores del IMAS. He puesto quejas ante la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones con respecto a la actitud dilatoria del personal de la UTS de Añaza".
A pesar de las pruebas y grabaciones presentadas al presidente de la Comisión, Guillermo Guigou, "recibo un carta diciendo que el trato recibido por el personal adscrito a la UTS de Añaza ha sido correcto. He reclamado sentarme con el alcalde, José Manuel Bermúdez, con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero... y nada".
"Ha sido horrible, creo que me han toreado por arriba y por abajo, ya sean funcionarios o políticos. Las personas que están necesitadas de una ayuda no les importamos nada de nada. Solo somos un puñado de votos que de forma interesada existimos antes de unas elecciones", criticó el perjudicado.
El día 11 de julio "me llamaron, por fin, para hacerme el informe social y ya han pasado siete meses y ahora pregunto: ¿Cuándo voy a tener que esperar de más para que libren la ayuda económica a la que tengo derecho?", se preguntó.
Es por ello por lo que Marco Cherubino pasó a la acción y denunció el caso el pasado martes, día 29, ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para actuar contra el Ayuntamiento de Santa Cruz y, en particular, contra el IMAS" por trato vejatorio y dejación de funciones con perjuicio económico.
"Lo estoy pasando mal, tengo mis derechos y los voy a ejecutar porque no se puede permitir que la administración ni sus trabajadores traten de esta forma a los ciudadanos", dijo para concluir.