Los últimos datos publicados por el Imserso vuelven a colocar a las Islas como la comunidad autónoma con los peores datos en lo que ayudas a la dependencia se refiere. Así, de las 40.617 solicitudes presentadas, a fecha 30 de junio de 2014 solo se habían resuelto 24.174, es decir, que 16.443 personas (el 40,4% de los solicitantes) permanecen a la espera del dictamen de los técnicos de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias.

No obstante, estas cifras mejoran considerablemente respecto al cierre del año 2013, puesto que según estos mismos datos, la lista de espera por una ayuda a la dependencia se habría reducido en cerca del 6.000 personas, sin que haya ninguna explicación clara al respecto, puesto que el gasto público por habitante sigue siendo el más bajo de todo el país con solo 39,07 euros, frente a los 109,60 de media o los 180,13 euros de Cantabria y el Ejecutivo tampoco ha reforzado las plantillas técnicas.

Las Islas también están a la cola en lo que solicitudes en relación a la población se refiere con solo un 1,92%, frente al 3% de media y el 5,75% Murcia.

El número de dictámenes también es el más bajo del país con porcentaje del 1,43% en relación a la población de la comunidad autónoma, frente al 4, 42, de La Rioja, el 4,09 de Castilla y León y el 4,08 de Andalucía.

Respecto a la prestaciones, Canarias sigue siendo una de las pocas comunidades (junto a Murcia, Valencia y Aragón) que no ha concedido ni una sola ayuda a domicilio desde la entrada en vigor de la ley en el año 2007, y la prestación principal es la económica por cuidados familiares con cerca de 5.700 beneficiarios, el 46,34%.

La atención residencial y los centros de día o de noche copan el resto de las ayudas con algo más de 5.000 usuarios entre ambas categorías.

No obstante, el porcentaje de ciudadanos que recibe una subvención de este tipo asciende solo al 0,57% de la población del Archipiélago.

Aunque este informe del Imserso no incluye el tiempo de espera, el último que sí lo incluyó (y en el que colaboró el Tribunal de Cuentas) estableció que en Canarias es donde más demora se registra con más de tres años, pese a que la propia ley establece en seis meses el plazo máximo para resolver .

Así, se cifra en 981 días de media -2,7 años- la espera para reconocer la prestación en las Islas, más los seis meses preceptivos que fija la ley, con lo que la el plazo total supera los tres años, mientras que la media en España es de 210 días.