Andrés Sánchez Magro, del juzgado de lo Mercantil nº 7, ha aceptado la solicitud de suspender cautelarmente el descenso a Segunda B del Real Murcia al considerar que mantener al club en la Liga Adelante es la única forma que tendría para poder pagar a sus acreedores.

El argumento del juez, según el auto al que ha tenido acceso Efe, es que si el Real Murcia descendiera y quedara fuera del fútbol profesional dejaría de obtener ingresos por los derechos de televisión, así como de sus activos patrimoniales, el valor de traspaso de sus jugadores y presunta baja de abonados, con lo que no podría hacer frente a su situación concursal.

Sánchez Magro, de esta forma, accede a la solicitud de acordar las medidas cautelares solicitadas por el club murciano por lo que "suspende el acuerdo adoptado por la LFP por el que se niega al Real Murcia la inscripción y afiliación a dicha LFP con efectos de la temporada 2014/15 que le impide competir en Segunda A".

"Se acuerda, como consecuencia de lo anterior, ordenar la inmediata inscripción y afiliación del Real Murcia en la LFP para la temporada 2014/15, suspender la resolución del Juez de Disciplina Social de la LFP por la que se impone al Real Murcia el descenso de categoría y una multa como sanción accesoria al descenso".

El juez resuelve, además, que contra esta resolución no cabe recurso alguno.

"En pocas ocasiones resulta tan evidente", señala el juez en la parte dispositiva, "la necesidad de adoptar una medida cautelar para evitar que los hipotéticos resultados del procedimiento principal quedaran vacíos de contenido. La sociedad solicitante de la medida se encuentra en situación concursal y la no participación en la competición de fútbol profesional (Segunda A), supondrá tal y como se ha justificado documentalmente la pérdida de unos ingresos, cuya ausencia supone la inviabilidad económica y la imposibilidad de cumplimiento de convenio por sus acreedores".

En este sentido, el juez considera que "está documentada la pérdida de los ingresos correspondientes a la explotación de los derechos audiovisuales que supone una cantidad de dos millones y medio de euros al perder la categoría y no poder disfrutar de los mismos".

"De la misma manera", prosigue, "habrá una automática depreciación de activos patrimoniales, por lo que los futbolistas profesionales de la actual plantilla resolverán sus contratos en los términos de estos y en muchas ocasiones con una depreciación súbita y precipitada. En el supuesto también de la pérdida de patrocinios, presunta baja de abonados ya adquiridos y, en definitiva, una situación de reversibilidad que difícilmente podría restañarse en el procedimiento principal".

Con esta decisión, el juez cree que evita el "perjuicio directo de los acreedores del concurso, que tendrían que enfrentarse presumiblemente a la liquidación y con los activos a realizar absolutamente depreciados".

La LFP reiteró hoy en un comunicado que "en ningún caso el Real Murcia podrá ser inscrito en la presente temporada deportiva" de la Liga Adelante y dijo que no había recibido, en el momento de hacerlo público, "ninguna notificación oficial de órgano jurisdiccional alguno al objeto de proceder" a darle de alta en esta competición.

La Liga recordaba en su comunicado que, "con fecha 7 de agosto del 2014, el Juez de Disciplina Social de esta Liga Nacional dictó una resolución en la que, entre otras sanciones, impuso al Real Murcia el descenso de categoría al ser reincidente en la comisión de infracciones muy graves a los Estatutos Sociales".

"La LFP se encuentra imposibilitada jurídicamente para proceder a inscribir al Real Murcia en esta asociación deportiva", señalaba categóricamente el comunicado.

Al tiempo, el presidente y dueño del Real Murcia, Jesús Samper, mostraba su "satisfacción y alivio" por la decisión del juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid de readmitir al club en la Liga Adelante.

El dirigente murcianista ha avisado que pedirá daños y perjuicios a la LFP y que está dispuesto a vender la entidad.