En una de sus más vibrantes descripciones de lo que empezaba a ser el franquismo, antes de que acabara la guerra civil, Dionisio Ridruejo explica en sus "Casi unas memorias" algunos de los factores que lo fueron desencantando hasta que un día, muy pronto después de la guerra y de su participación en la División Azul, dejó el Régimen y todo lo que éste significaba. En esa parte que subrayo explica Ridruejo que "la Iglesia tiranizaba la política cultural con criterios calomardianos y proyectaba una autoridad ejecutiva inaceptable sobre la sociedad laica".
Eso pasaba entonces, y eso ha seguido sucediendo. En medio ya se conocen las más extravertidas intromisiones recientes de la jerarquía, capaz de salir a la calle para oponerse a tres leyes que fueron resultado de la voluntad civil de los representantes de la soberanía nacional, el divorcio, el aborto y la ley de igualdad sexual, que consagra como legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa persecución contra los homosexuales no es sólo de la Iglesia, aunque ésta la haya comandado, en contra últimamente hasta de su propio Papa. Lo cierto es que esa actitud ha contaminado a parte de la población, que no sólo se opone a que sus semejantes sean como quieren ser sino que además en muchas ocasiones unen la burla a su intransigencia. En la propia guerra civil ya sabemos qué pasó después de la burla, por ejemplo en el caso de Lorca.
Pero en tiempos de paz esa persecución de los derechos que contra muchas voluntades reaccionarias han obtenido los homosexuales, lesbianas y transexuales ha continuado de las más diversas formas. Ahora tenemos un caso en Canarias, y ha ocurrido en Lanzarote. Un exsacerdote, Luis Alberto Gutiérrez, que se declaró homosexual y se casó con su pareja, ha sido expulsado por el Obispado de Canarias (así se llama el Obispado de Las Palmas) de su puesto de profesor de Religión en la citada isla. Por lo que leo, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias lo había ratificado en su puesto, pero el profesor ha recibido del Episcopado la notificación de que ya no tiene el empleo, "por motivos de doctrina y moral y al amparo del Derecho Canónico".
Es extraordinario que alguien sepa la materia y no pueda ejercerla como docente en función de un nuevo estado civil, el de hombre casado con otro hombre. La ciencia no varía de un día para otro, y sobre todo no se le priva a nadie de la facultad de saber, y mucho menos de la de saber enseñar, porque sea heterosexual u homosexual, o porque sea hombre o mujer, o porque haya sido sacerdote y ya no lo sea. La decisión del Episcopado, que se inscribe en aquella prevención que declaraba Ridruejo tan temprano, continúa por otros medios y es preciso que la sociedad laica a la que corresponde la vigilancia del respeto de las leyes actúe en consecuencia.
Después de la decisión eclesiástica, el profesor de Religión ha dicho que asume su "falta de idoneidad" según los criterios de la Iglesia católica que lo emplea; pero es la Consejería de Educación la que elabora las listas de los profesores idóneos. La obsoleta presencia legal del Concordato le permite al Episcopado intervenir en este tipo de contrataciones docentes. Esto que es casi tan viejo como aquel texto de Ridruejo no se corresponde con la deseada aconfesionalidad que consagra la Constitución.
La sociedad debe ser laica y respetuosa con las instituciones religiosas; y a ella deben corresponder éstas con el mismo respeto hacia lo que deciden los ciudadanos sobre sí y para otros. Es lo que debe pedirse para el profesor de Religión, respeto por lo que es y por lo que sabe hacer, independientemente de su estado civil, su credo o su manera de ser como persona libre que es.