Casi la mitad de los familiares de las víctimas del accidente del vuelo JK 5022 de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas ha recibido ya su indemnización por parte de la aseguradora Mapfre cuando se cumplen seis años de la tragedia gracias a acuerdos extrajudiciales.

En la actualidad, según ha recordado en una entrevista el abogado de Mapfre para el caso Spanair, Paulino Fajardo, hay varios procedimientos judiciales abiertos por reclamaciones indemnizatorias y la aseguradora solicita que se dicte sentencia de forma inmediata tras las audiencias previas que se están celebrando.

"Han pasado seis años desde el accidente, pero durante los cuatro primeros años se tramitó un proceso penal muy complejo. Solo a mitad de 2013 se recibió la primera demanda solicitando la indemnización civil como consecuencia del accidente y ya en ese momento Mapfre había puesto a disposición de todas las víctimas las indemnizaciones depositadas en un juzgado", ha resumido el abogado.

Mapfre, la aseguradora de responsabilidad civil de Spanair en su condición de transportista internacional, insiste en que quiere pagar cuanto antes las indemnizaciones por el accidente del vuelo del 20 de agosto de 2008 con destino a Gran Canaria y en el que murieron 154 pasajeros y otros 18 sufrieron lesiones.

Pero hasta el momento, y a la espera de que la justicia resuelva, el abogado explica que el 43 % de las familias de los pasajeros fallecidos ha recibido en total 21 millones en indemnizaciones, a los que hay que sumar otros 13 millones puestos a disposición de las víctimas "para que los cobren cuando deseen".

En total, 34 millones de euros, la cantidad en la que Mapfre cifra el coste del siniestro aplicando los mismos criterios que los tribunales han seguido en catástrofes como la tragedia del Yakolev 42, la riada del cámping de Biescas, el siniestro del crucero italiano Costa Concordia o el accidente de tren en Chinchilla.

En la legislación española no existe una norma concreta para fijar el importe de las indemnizaciones por daños en accidentes de aviación, no obstante la práctica generalizada de los tribunales es la de aplicar el sistema de valoración del daño en accidentes de tráfico e incrementar las cantidades según las circunstancias concretas del siniestro.

El abogado de Mapfre defiende estos criterios, avalados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que implican el tener en cuenta las circunstancias personales y permiten "ajustar a eso la indemnización que se pone a su disposición", que en este caso es un 30 % superior al baremo, en línea con el criterio adoptado por el juez en el accidente de Chinchilla.

Aún así, existen discrepancias entre Mapfre y algunas víctimas a la hora de valorar los daños y será la justicia la que tenga que resolver, algo que la aseguradora confía en que llegue pronto y con ese fin ha pedido la acumulación de las demandas presentadas.

"En los casos como éste, en el que existe una pluralidad de demandas que se tramitan en distintas ciudades y tribunales, lo lógico es pedir que se acumulen en un solo tribunal para que haya una decisión conjunta", justifica el abogado de Mapfre.

"Esto garantiza no sólo un trato igualitario y objetivo de las víctimas, sino que también favorece una pronta resolución del conjunto de las reclamaciones", añade Paulino Fajardo.

Además, para agilizar el proceso y acelerar el cobro de las indemnizaciones por los familiares de las víctimas, Mapfre ha desistido de demandar en esta fase procesal al fabricante de aviones Boeing como último responsable del accidente del vuelo JK 5022.

Poco después del accidente, la aseguradora procedió al pago de un anticipo a cuenta de la indemnización por importe de 25.000 euros por cada pasajero y se hizo cargo de los gastos de entierro y sepelio, al tiempo que hizo frente a gastos de diversa índole.