La Consejería de Educación del Gobierno canario ha negado por activa y por pasiva que haya privatizado comedores escolares en las Islas. Se remite, para ello, a un dato objetivo: la cifra de comedores de gestión directa -con cocina- se mantiene con respecto al inicio de la legislatura. Lo que no está tan claro es que no tenga intenciones de externalizar más, al menos si se atiende a sus conversaciones con los equipos directivos de los centros educativos.

La Plataforma de Directores de Infantil, Primaria, Centros de Educación Obligatoria y Centros de Educación Especial de Canarias mantuvo el pasado 22 de enero una reunión con los directores territoriales e insulares de Educación y con la Secretaría General Técnica de la Consejería en la que esta última invitó a los responsables de los colegios a externalizar los comedores. "Se informa desde la Secretaría General Técnica y se anima a la externalización del servicio de comedor escolar", recogió la Plataforma en el acta del encuentro.

Según el documento, los miembros de la Plataforma encontraron "asombrosa" esta llamada a "privatizar servicios públicos". La Administración educativa lanzó la propuesta después de que los directores preguntaran por las sustituciones de auxiliares de comedor y por el cumplimiento de las ratios en este servicio.

La polémica en torno a la externalización ha cobrado intensidad en los últimos meses después de que un grupo de auxiliares de varios centros denunciara su traslado a otros colegios, de forma que los centros de los que procedían pasaran de una fórmula mixta -comida de cáterin pero cuidadores adscritos a la Consejería- a ser plenamente de gestión contratada.

Para explicar esta iniciativa, el Gobierno ha argumentado que destina a los auxiliares a centros en los que ha crecido el volumen de comensales con "cuota cero" (aquellos que, por la situación económica de sus familias, acceden al servicio de forma gratuita). El consejero de Educación, José Miguel Pérez, reiteró el pasado viernes que las imputaciones de privatización son "falsas" y que no estaría justificada una huelga por este motivo, una medida con la que han amenazado los representantes de los trabajadores. Asimismo, recordó que el paso a gestión indirecta de los comedores afectados -en el caso de Tenerife, El Chapatal (Santa Cruz) y Camino Largo (La Laguna)- se ha decidido por acuerdo de los consejos escolares de los centros.

Los sindicatos del profesorado también han expresado su oposición a la posible privatización del servicio. La Junta de Personal Docente No Universitario de Las Palmas criticó, en un acuerdo adoptado el 2 de junio, el "afán privatizador" del Ejecutivo regional, del que puso varios ejemplos.

Así, sostuvo que el Gobierno "está realizando un estudio para justificar la eliminación de la cocina en los centros educativos", lo que a su juicio supone "sacrificar la calidad de la comida" y no garantiza el ahorro que se busca con ello. "Puede ser más caro, tanto para la Administración como para las familias", advirtió.

Respecto a la calidad, la Junta de Personal destacó la "importante" diferencia entre cocina directa -"comida realizada en el mismo centro, con alimentos frescos y que no conlleva transporte"- y el cáterin - "elaborada en grandes cantidades y bastantes horas antes de ser consumida".

Unido a esto, y también "por supuestos criterios de ahorro", afirmó que la Consejería "ha dejado de ocupar las plazas vacantes generadas por jubilaciones en diversas categorías (...) en los comedores escolares de Canarias".

"Desde esta Junta de Personal reivindicamos y demandamos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la contratación del personal necesario y la adecuada cobertura de las bajas laborales que se puedan producir, así como el mantenimiento y ampliación de los servicios públicos de comedor de los centros educativos, entendiendo que un centro con cocina y comedor es un valor añadido a la calidad educativa del sistema educativo en su conjunto", argumentaron los sindicatos en su resolución.

Las auxiliares son trasladadas al Norte y el Sur

Güímar, Candelaria, Santa Úrsula, La Victoria y hasta Adeje. Estos son algunos de los municipios a los que han sido destinadas las auxiliares de comedor desplazadas de los colegios El Chapatal (Santa Cruz) y Camino Largo (La Laguna) a las que la Consejería de Educación se comprometió a reubicar en centros cercanos.

Las afectadas, que han sido informadas de sus nuevos lugares de trabajo durante los últimos días, se sienten "engañadas" y manifiestan los muchos perjuicios que puede ocasionarles la nueva situación. Para empezar, la mayoría no tiene coche, con lo que se ven abocadas a largos traslados en transporte público que tampoco están en condiciones de costearse, puesto que apenas cobran 500 euros y que las ayudas al transporte no son suficientes y se abonan con retraso, según denuncian.

La reubicación también afecta, se quejan, a sus posibilidades de conciliar vida laboral y vida familiar, y dificulta la opción -permitida por la Administración al tener horario reducido- de compaginar este trabajo con otro.

En declaraciones a este periódico, el consejero de Educación, José Miguel Pérez, dijo desconocer que las auxiliares han sido trasladadas a centros lejanos. "Si es así, se revisará", afirmó.