Las obras públicas contratadas por la Comunidad Autónoma experimentan retrasos que repercuten de forma considerable en su coste final. Así lo constata la Audiencia de Cuentas en un informe de fiscalización -relativo al ejercicio de 2009 pero publicado ayer en el Boletín Oficial del Parlamento- que concluye con la recomendación de que el Gobierno regional realice "una planificación más adecuada a la realidad" de estos proyectos.

Todas las actuaciones recibidas ese año por la Comunidad (58) sufrieron demoras que, junto a la necesidad de introducir modificaciones en los proyectos originales, derivaron en que el Ejecutivo terminase pagando 28,9 millones de más por ellos, un 29% por encima de lo pactado. El 72% de las obras contratadas sufrieron una elevación de sus costes. Solo catorce se ejecutaron por el precio previsto, mientras que en dos casos el coste definitivo resultó ser menor al establecido en la adjudicación, aunque el ahorro fue de apenas el 0,1%.

La Audiencia resalta la contradicción que supone que, pese a que la oferta económica fue "uno de los criterios de valoración más extendidos", "en general el coste se desvió al alza".

La desviación media entre la fecha inicialmente pactada para la finalización de los trabajos y la real fue de diez meses, aunque en pocos casos -la Audiencia calcula que en al menos el 6,9% de ellos- el retraso respondió a que los plazos fueran poco realistas.

La causa más frecuente de las dilaciones fueron los modificados de la obra contratada, los retrasos en el acceso -edificios, terrenos, motivos meteorológicos- y los trámites legales y administrativos. En prácticamente una de cada cuatro obras -un 24,2%- se registraron demoras "sin que conste en los expedientes causa que lo justifique", indica el informe.

Para corregir la situación, la Audiencia de Cuentas recomienda "una planificación adecuada a la realidad, tanto en la adecuación de los plazos de tramitación de los expedientes y ejecución de las obras como en la calidad de los proyectos constructivos".

También aconseja supervisar rigurosamente la redacción y elaboración de los proyectos de obras y su programación", además del replanteo -para "evitar la excesiva frecuencia en la aprobación de proyectos modificados y de revisiones de precios"- o establecer "una mayor coordinación de todos los servicios administrativos" para garantizar la disponibilidad de los terrenos y la concesión de autorizaciones.

El 95% del desajuste, en tres consejerías

Tres consejerías concentraron la inmensa mayoría de los incrementos de costes en las obras públicas de la Comunidad Autónoma durante el año 2009. El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias revela que el 95% de las desviaciones del coste final respecto al importe de adjudicación se produjeron en proyectos contratados por las áreas de Obras Públicas y Transportes, Turismo y Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aunque el organismo de fiscalización recuerda que las dos primeras son también las que mayor número de obras realizaron en ese ejercicio.

La modificación de los contratos -con el consiguiente aumento de precios- se convirtió en "una práctica habitual" en tres departamentos del Gobierno regional, en especial en Obras Públicas, Medio Ambiente y Bienestar Social.

La mayor parte de la obra pública -el 55%- se adjudicó mediante concurso en el ejercicio estudiado por la Audiencia. Tras este procedimiento, los más habituales fueron la encomienda, el negociado y la subasta.

La mayor desviación entre cantidades adjudicadas y liquidados se dio en los concursos (un 31%), mientras que en el sistema de subasta se produjo una elevación de los costes del 27%. Los procedimientos negociados generaron menos desajustes económicos (un 6,8% en el caso de los celebrados con publicidad y un 4,8% en el de los realizados sin ella), en tanto que en las encomiendas se registró un 8,4%.