La demanda de servicios sociales no solo no ha comenzado a disminuir en Canarias sino que sigue creciendo de forma exponencial, según se desprende del último informe elaborado por el Consejo General del Trabajo Social y que se basa en una encuesta realizada a 1.361 profesionales de todo el territorio nacional.

En concreto, durante el año 2013 (último dato disponible) la demanda de servicios sociales se incrementó en las Islas un 86,7%, colocando a Canarias como la tercera comunidad en peticiones de ayudas sociales de todo el país, detrás de Baleares y Navarra.

Esto se traduce en que la demanda de información creció un 80,5%, las vinculadas a ayudas para la autonomía personal un 56,8% y las intervenciones con menores un 82,3%, aunque las prestaciones económicas siguen siendo la principal petición. En este sentido, el 80,8% de las ayudas económicas que se piden en los servicios sociales de todo el país tienen que ver o con dependencia (40,8%) o con situaciones de pobreza y exclusión (40%), mientras que en Canarias las vinculadas a la pobreza están por encima de la media y suponen el 66,7% de las solicitudes y las de dependencia solo un 15%.

No obstante, el informe alerta de que la subida de la demanda de servicios sociales se ha visto acompañada de una disminución notable del número de empleados que, en el caso del Archipiélago, cifra en un -44,6% entre 2012 y 2013.

De nuevo Canarias se coloca a la cabeza, puesto que únicamente en Murcia, con un 52,5% de reducción del personal, supera sus cifras, siendo la tercera la Castilla La Mancha con un -44%.

Así, el 74% de los trabajadores sociales afirman que soportan un carga elevada o incluso muy elevada de trabajo y que en un solo mes pueden gestionar medio centenar de solicitudes por trabajador.

Además, aseguran que se nota especialmente la sobrecarga de trabajo en los servicios que se prestan de información, apoyo familiar y en la intervención y protección de menores.

Como curiosidad, a juicio de los propios trabajadores sociales faltan una media de cuatro profesionales por cada departamento de servicios sociales y es precisamente el vinculado a la intervención con menores, en donde detectan que la demanda de personal es más alta.

Respecto al futuro, para los trabajadores sociales las consecuencias de las crisis se agudizarán aún más en el próximo trienio, sobre todo en materia de dependencia, discapacidad, pobreza y menores y juventud.

La privatización de los servicios es otro capítulo que refleja el Informe ISSE y que demuestra la preocupación entre los trabajadores del sector, ya que, por primera vez, el 3,4% de los centros de titularidad púbica ha privatizado su gestión. Una opción que no existía hace apenas dos años, pero cuya tendencia va al alza de forma marcada.

Asimismo, se detecta un aumento de la subcontratación de muchos de los servicios, aunque el 75% de los trabajadores sociales se muestra contrario a la combinación de sistemas de financiación públicos y privados en lo que a los servicios sociales se refiere, puesto que más de la mitad opina que con la gestión privada disminuiría la calidad y no se garantizaría el derecho de acceso a todos los ciudadanos.

Respecto al perfil de la persona usuaria de los servicios sociales, se constata un cambio sustancial, ya que se trata de personas cada vez más jóvenes que no tienen ningún tipo de recurso económico y que pertenecían a la clase media hasta hace poco tiempo.

Abundando más, el perfil suele corresponderse al de una mujer de entre 36 y 50 años que posee estudios primarios y que está casada o con hijos, con los que vive. El único medio de subsistencia suele ser el subsidio de desempleo o una pensión o prestaciones esporádicas de los ayuntamientos o comunidades autónomas.

las cifras

  • 66,7% de las solicitudes de ayuda que se registran en los servicios sociales de las Islas es por razones de pobreza o exclusión.
  • -44,6% de empleados para atender las demandas sociales en el Archipiélago, según una encuesta realizada entre 1.361 trabajadores sociales.
  • 4 es la media de empleados que faltan en cada departamento de servicios sociales, según los trabajadores sociales.
  • 53% de los trabajadores sociales opina que la gestión privada disminuiría la calidad y no garantizaría el acceso a los servicios