Le pone los pelos de punta a muchos -aunque al parecer no a todo el mundo- que después de lo que han luchado los vecinos de San Andrés para que les construyan un dique que impida las inundaciones cada vez que coincide una marea viva con un oleaje fuerte, esta obra pueda sufrir más retrasos porque la Federación Canaria de Surf la considera inoportuna.
Lo grave, con ser ya bastante grotesco, no es el recurso en sí mismo sino las posibilidades de que prospere. Se supone que en un país democrático y respetuoso con los derechos individuales cualquiera puede recurrir lo que estime oportuno. Lo difícil es encontrar un país libre y democrático en el que sea tan fácil, y a la vez resulte tan gratuito, boicotear las obras públicas de interés general. Lo mismo que ha ocurrido con el puerto de Granadilla -acometido tarde y mal-, con el anillo insular de autopistas -pendiente de concluir después de tantos años durante los que se podían haber ahorrado millones y millones de euros en combustible, amén de decenas de miles de horas en tiempo de desplazamiento-, con la playa de Las Teresitas -otro de los estercoleros insulares gracias, asuntos judiciales al margen, al protagonismo de cuatro políticos rencorosos y fracasados- y con varios proyectos más que omito para no colmar el folio antes de tiempo. Ni siquiera después de comprobar, una vez más, la fuerza del mar durante los últimos días han retirado los surfistas su recurso.
Por eso cabe calificar de acertadas las Directrices Sectoriales de Ordenación de la Energía impulsadas por el Gobierno de Canarias para que ni los ayuntamientos, ni siquiera los cabildos puedan oponerse a la construcción de infraestructuras energéticas que se consideren estratégicas para la región. Se incluyen las refinerías, las plantas de gas -lo ocurrido con las previstas para Granadilla y Arinaga es de cine cómico, si no fuese por lo trágico de la situación para la economía de estas Islas-, el almacenamiento de combustible, las centrales eléctricas a partir de determinada potencia, las líneas de distribución, etcétera.
Ya ha recibido el Ejecutivo de Paulino Rivero las primeras críticas. Por mi parte sólo hay dos objeciones: que no se haya adoptado antes esta iniciativa legislativa y que se limite únicamente al sector energético. Muchas otras obras vitales seguirán al albur de las denuncias de los ecologistas de ocho a tres -y de lunes a viernes- o de cualquier asociación de vecinos que tenga un presidente jubilado pero todavía con ganas de dar guerra. Así nos va.
Sí aciertan plenamente quienes critican a Paulino Rivero de hacer con los cabildos y ayuntamientos lo que no quiere que haga el Gobierno de España con el de Canarias en el asunto de las prospecciones. Especialmente si consideramos que el petróleo, mientras no se demuestre lo contrario, es de vital importancia para una región que obtiene a partir de él más del 99 por ciento de la energía que consume.
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