Se llama Prestación Canaria de Inserción (PCI), pero para muchas familias es un salvavidas. Con una crisis que se ha dilatado en el tiempo, una parte de la ciudadanía ha ido agotando ayudas y subsidios, aferrándose a la última de ellas: la PCI.

Este es el caso de David Hernández y Ana María Morales, una pareja con un niño de 14 años y una niña de 10. Desde que presentaron los papeles de renovación de la PCI en mayo les dijeron que cumplían los requisitos porque su situación no había cambiado, pero hasta la fecha no tienen confirmación del Gobierno de Canarias ni han percibido un solo euro.

En estos meses, de nuevo, la vida se les ha puesto patas arriba. Van a la Cruz Roja a pedir alimentos, pero tienen que justificar que no tienen dinero en el banco porque en los papeles de la eguridad ocial aparecen como perceptores de la PCI. De nuevo, se les empiezan a acumular las facturas sin cobrar. De nuevo, tienen que pedir aquí o allá para poder comer.

"Es la segunda vez que nos pasa", cuenta Ana María. "La primera vez, nos pararon la PCI dos meses, diciembre y enero", añade.

La PCI se cobra durante doce meses. Luego, las personas o familias perceptoras tienen derecho a dos renovaciones, cada seis meses. Así, la primera vez que renovaron Ana María y David fue en mayo de 2013, pero aunque la respuesta fue positiva pasaron todas las Navidades sin ningún ingreso.

"No tenía ni para comprarles un polvorón a mis hijos, que me vinieron con todo sobresalientes", recuerda con angustia.

En este segundo parón, se trata de la vuelta al cole. "No podemos comprarle unos tenis al niño, ni los libros de texto, ni el uniforme..."

Y las facturas, que se acumulan y con las que hay que ir a ervicios ociales para evitar el corte. "El agua sí funciona bien, pero con la factura de la electricidad es más complicado. Dicen que es un artículo de lujo hoy", explica David.

Además, también tienen que pagar la cuota de la vivienda de protección oficial que les concedieron hace 8 años, en el barrio de Añaza. Casi 300 euros que no pueden ni soñar con tener.

Ellos explican que todo el esfuerzo que estaban haciendo acudiendo a cursillos no les han servido de nada. Ella hizo un curso de manualidades y otro de control de la ira. Él se estaba sacando el graduado escolar, pero dice que lo ha dejado porque "no voy a ir a clase sonándome las tripas o preocupado pensando en qué voy a darles de comer a mis hijos".

Asimismo, estos meses sin "la paga" (como la llaman ellos) les han obligado a ir de nuevo a los ervicios ociales municipales para pedir ayuda. "Me mandaron a los niños a un comedor social", dice Ana, con lágrimas en los ojos. e trata de los cursillos de verano que habilita el consistorio, donde también se da de comer. in embargo, Ana argumenta que sus hijos "no necesitan clases de refuerzo", que siempre han comido en su casa y que le preguntaban por qué tenían que quedarse a comer allí.

Angustia, impotencia, dolor... Ambos explican que lo peor de esta situación es que "te va rompiendo por dentro".

Esta familia de anta Cruz de Tenerife es solo una de las muchas que viven pendientes del hilo de la PCI. Un hilo que se rompe cada año, cuando al Gobierno de Canarias se le agota la partida presupuestaria para estas ayudas.

Un cambio en la ley para dilatar las renovaciones

Jonathan Piñeiro, coordinador de la Comisión de Especializada de PCI del Colegio de Trabajadores de anta Cruz de Tenerife, alerta de que los parones en la PCI hacen que sea "dinero tirado a la basura". "Nos echan abajo todo el trabajo que hemos hecho con las personas en exclusión severa", explica.

Piñeiro advierte de que el Gobierno de Canarias quiere cambiar la ley supuestamente para dar entrada a "nuevos perfiles de exclusión social". En la práctica, afirma, esta norma establecerá un período de carencia de 12 meses para poder pedirla otra vez. Esto quiere decir que cualquiera que quiera renovar seis meses más después del primer año, tendrá que esperar un año completo.

También acorta los plazos de concesión, en 3 meses para que los ayuntamientos tramiten las pagas y 4 meses para que el Gobierno de Canarias resuelva (hasta ahora eran seis).

Al margen de esta nueva norma, también se tarda en gestionar y en conceder la prestación un tiempo variable dependiendo del municipio.

En el caso de Ana María y David, ellos aseguran que estuvieron esperando 11 meses antes de que les concedieran la PCI en 2013.

El Gobierno de Canarias asegura que se "han dado de alta en nómina 147 altas y 140 renovaciones" en todo el Archipiélago y que en este mes de septiembre la cifra alcanzará las 150 altas y 160 renovaciones.