La Sección Sexta de la Audiencia Provincial, en un auto del 9 de junio, revocó el archivo provisional y sobreseimiento de la denuncia contra el gobierno orotavense (CC) de 2007 a 2011 por malversación de fondos públicos y prevaricación continuada. Ese paso lo dio el Juzgado Número 4 de La Orotava el 8 de agosto de 2013, tras la denuncia presentada en enero de 2009 por el entonces concejal de IU-LV, Francisco Baute.
Todos los integrantes de aquel gobierno, incluido el exalcalde Isaac Valencia; el actual regidor, Francisco Linares; el portavoz de CC, Juan Dóniz, y otros ediles que siguen en el consistorio fueron imputados. Y ahora la Audiencia pretende que se continúe investigando. La defensa ya recurrió esta nueva decisión. La Audiencia respalda así el recurso de apelación contra dicho archivo presentado por el fiscal. Para continuar la investigación, la sala sexta acordó recabar los expedientes solicitados por la Fiscalía y practicar la pericial de rigor para tratar de determinar la existencia o no de los hechos denunciados por Baute, tras el reconocimiento del 25 de marzo de 2008 por valor de 5,3 millones de euros.
Entre sus argumentos, la Audiencia asegura que no puede estar de acuerdo con el juez que decretó el archivo provisional y, en cambio, sí apoyar la versión del Ministerio Fiscal, en el sentido de que "la instrucción no está concluida y seguimos entendiendo que, de lo actuado, se deduce la posible existencia de hechos que podrían integrar conductas susceptibles de ser tipificadas como malversación de caudales públicos y prevaricación". Así, se refiere a un posible delito de malversación por gastos ajenos a la corporación por la contratación de un monitor; el festival Arautápala, que no organizó; la ampliación del servicio de seguridad del edificio de La Torrita de 12 a 24 horas sin cambiar antes el contrato con la empresa; contratar servicios de grúa sin el pertinente expediente administrativo, la contratación directa con la entidad Román Peraza y León por valor de un millón de euros y gastos con ferreterías por servicios que ya debían estar incluidos en el acuerdo con Canaragua, entre otros gastos. La sala señala que el Tribunal de Cuentas no detectó nada anómalo, pero también aclara que, tal y como se hace esa fiscalización (por vía telemática o con la contabilidad municipal), resulta casi imposible hallar nada irregular. Además, subraya que las declaraciones hasta ahora del secretario e interventor del ayuntamiento no desmontan los posibles delitos. Tampoco comparte el argumento de la defensa de que existe "cierto interés general o público" por tratarse de instituciones culturales, eventos deportivos o gastronómicos, ya que, en todo caso, siempre se ha de cumplir el procedimiento reglado.
Por todo, y si se cree oportuno, la Audiencia insta a retomar las declaraciones de los ediles imputados, que en su momento fueron citados (22 de enero de 2010), pero esas citas acabaron también archivadas. Aparte de subrayar que ya ha recurrido el auto, el gobierno local insistió ayer en que, "simplemente, la Audiencia ha indicado que continúe la instrucción del caso". Dóniz remarca que los reconocimientos extrajudiciales eran entonces "una figura que se usaba en muchos ayuntamientos". Además, recuerda que, en los últimos siete años, "no se ha tomado declaración a ninguno de los imputados y se mandó a archivar".
Según su versión, "nunca se ha actuado contra la ley, ningún concejal ha actuado en su beneficio ni se ha llevado un duro a su casa. Lo único que se hizo fue, como el resto de instituciones públicas, utilizar una herramienta totalmente legal para poder pagar facturas pendientes a proveedores, empresas y ciudadanos por diversas prestaciones y servicios. Nadie se ha lucrado con ello, ni ha realizado estas operaciones en otro sentido que no sea este".
El gobierno presentó un recurso el 11 de noviembre de 2010 argumentando que, en todo caso, se trataba de una cuestión administrativa y no penal. Además, siempre dijo que la inmensa mayoría de las facturas abonadas con esos 5,3 millones se referían a servicios y actuaciones de 2003 a 2008 que contaron con el apoyo unánime de los ediles. De hecho, Dóniz sostiene que, por ese motivo, "tendrían que estar imputados todos los miembros de la corporación, incluido el edil de IU que presentó la denuncia, pues también votó a favor de diferentes acuerdos".
El edil de CC admite que el volumen de reconocimientos entre marzo y noviembre de 2008 fue "elevado" porque no se ingresaron cantidades previstas como el aprovechamiento medio de la urbanización Lercaro, "que no se dio". Apela al decreto del Gobierno central 4/2012 y reitera que todo lo hicieron en pro del bien general y para no bloquear obras o servicios, como el parque Doña Chana, el Auditorio Teobaldo Power, el edificio de usos múltiples de La Torrita, el colegio de Camino de Chasna, la cubierta de la Biblioteca o la Casa de la Cultura de San Agustín.