El Gobierno de Canarias celebrará antes del 30 de noviembre la consulta para saber si los ciudadanos de las islas son partidarios de que en aguas próximas a las islas se realicen prospecciones petrolíferas, ha anunciado hoy el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero.

Paulino Rivero ha abierto con este anuncio su intervención ante el pleno del Parlamento de Canarias, en una sesión en la que presenta a la Cámara una comunicación relativa a las prospecciones petrolíferas que el Gobierno central ha autorizado a Repsol a realizar en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura.

El presidente autonómico ha insistido en que el Gobierno de Canarias recurrirá además a las autoridades comunitarias para intentar impedir que se lleven a cabo las prospecciones y exigirá al Ejecutivo español que cumpla la Constitución.

Además, ha explicado que el Gobierno canario pedirá a los accionistas de Repsol con intereses en las islas que suspendan sus pretensiones a favor de las prospecciones hasta que se consulte a los ciudadanos.

Rivero ha recalcado que si el Consejo de Ministros no autoriza el referéndum que el Gobierno y el Parlamento canario han solicitado, la comunidad autónoma dispone de otros instrumentos para consultar a los ciudadanos y permitir que expresen su opinión sobre los sondeos.

"Convocaremos" a la ciudadanía antes del 30 de noviembre, ha remarcado el presidente, que ha detallado que esta tarde el Consejo de Gobierno aprobará el desarrollo de un reglamento para que los canarios "se expresen con libertad" respecto a algo que "afecta y afectará" al archipiélago.

También ha anunciado que su Gobierno instará a la Comisión Europea a que verifique y fiscalice todo el proceso seguido para conceder las autorizaciones a Repsol, porque considera que tiene "muchas sombras".

En este sentido, ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo que validó la decisión del Consejo de Ministros de reactivar los permisos concedidos a Repsol hace una década contiene el voto particular de dos magistrados que entienden que pueden haberse vulnerado directivas comunitarias y que eran partidarios que elevar una consulta legal al respecto la instituciones de la UE.

Paulino Rivero ha indicado que la vía jurídica está "ahí y se ha batallado" durante largo tiempo y "hay que seguir" para parar las prospecciones. En este sentido, ha precisado el Gobierno canario ha acordado recurrir la resolución que el Ministerio de Industria publicó el 13 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (la licencia final que permite el inicio de los sondeos).

Se recurrirá porque con esas acciones "hay riesgos" para las costas canarias, ha defendido Paulino Rivero, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno canario pedirá "más compromiso" con las islas a dos accionistas de Repsol con intereses en Canarias, en alusión a Caixabank y Sacyr, de modo que suspendan sus pretensiones hasta que se produzca la consulta.

Rivero ha reiterado que, por la información que él maneja, la actividad petrolera en Canarias no está entre los objetivos estratégicos de esos dos accionistas de Repsol y que, si siguen adelante con ella, es "por presiones del regulador, textualmente".

El presidente canario ha recordado que los dos socios extranjeros de Repsol en estas prospecciones han renunciado a participar en ellas, en una decisión que él atribuye al daño que les hace a sus intereses la oposición de los ciudadanos.

En cuanto al Gobierno central, ha exigido que se cumpla la Constitución y que además no se pongan en riesgo las economías ni de Canarias ni de Baleares, por lo que se opone a que se hagan prospecciones petrolíferas en aguas próximas a los dos archipiélagos.

Rivero ha criticado que el presidente Mariano Rajoy haya anunciado que las prospecciones se pararán en Baleares ante el mínimo riesgo, mientras que no ha dicho "nada" de Canarias a pesar de que Repsol reconoce -asegura- que hay indicios de riesgo si se hacen en el archipiélago canario.