La primera cita de los agentes sociales, los agentes económicos y la Administración autonómica para abordar el proceso de la VI Concertación Social de Canarias tras el descanso del verano arrancó ayer con las mesas de Economía y Empleo, por una parte, y la de Prevención de Riesgos Laborales por otra. En ambos casos, la agenda de los sindicatos incluyó como prioridad conseguir del Gobierno regional el compromiso de que los acuerdos alcanzados en el marco de estas negociaciones vayan acompañados de las partidas de financiación que sean necesarias para poder desarrollarlos.
En este aspecto coincidieron tanto el secretario general de CCOO Canarias, Juan Jesús Arteaga, y el de UGT Canarias, Gustavo Santana, que asistieron a distintos encuentros, pero que llevaron el mismo mensaje.
Arteaga, que asistió a la mesa de Economía y Empleo, lamentó el "largo historial de promesas incumplidas" por parte del Gobierno regional en materia de concertación social y destacó en relación a la Garantía Juvenil, el tema abordado ayer, que es necesario que el Ejecutivo garantice fondos que deberá adelantar hasta que lleguen los de la UE, "más cuando ya elabora las cuentas de 2015".
En este sentido, y con la vista puesta en las negociaciones en curso, Arteaga demanda que la Administración haga menos compromisos, "pero que sean viables". Y por "viable" se refiere a que cuenten con dinero para poder desarrollarlos. "En la Administración no deberían firmar nada que no piensen incluir en los presupuestos", explicó.
"Sería mejor que se planteen objetivos más modestos, pero que se puedan cumplir porque en otras ocasiones se fijaron metas muy ambiciosas que no llegaron a ninguna parte al faltar compromiso económico", lamentó Arteaga.
Garantía Juvenil y Estrategia Canaria de Seguridad
Gustavo Santana, que asistió a la mesa de Prevención de Riesgos Laborales, explicó que las tres partes acordaron, a petición de este sindicato, cerrar el acuerdo presupuestario que acompañará la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo la próxima semana. La iniciativa "respeta" el planteamiento económico que el Gobierno puso encima de la mesa (dos millones de euros anuales que provendrán de las sanciones a las empresas con malas prácticas en la prevención de accidentes hasta 2020), "pero que no deben quedar sujetas a recortes".
Por otra parte, el tema abordado en la mesa de Economía y Empleo fue el programa de Garantía Juvenil, en el que ambos sindicatos ven dificultades para su implantación ante la necesidad de contar con un plan que dé forma a las directrices marcadas por el Estado en esta materia -directrices que rechazan tanto los agentes sociales como el Ejecutivo en aspectos como la apuesta prioritaria por las ayudas a la contratación (en vez de iniciativas en formación) o que se limite a jóvenes de hasta 24 años (en vez de incluir hasta los 27 años)-. Las partes se reunirán en 15 días para que el Ejecutivo exponga su idea del plan a fin de ponerlo en marcha en un mes.