El Parlamento de Canarias expresó ayer, una vez más, su rechazo a las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas cercanas a las Islas en el curso de un pleno monográfico en el que el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, anunció nuevas medidas contra la autorización de los sondeos. En esta ocasión, el Ejecutivo ha decidido acudir ante la Comisión Europea para que esta "supervise y verifique" el proceso que ha desembocado en la concesión de los permisos a la compañía energética y que, según Rivero, incurre en hasta ocho vulneraciones de la normativa de la UE.

La iniciativa de recurrir al propio Ejecutivo comunitario responde a la imposibilidad de hacerlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una opción que solo tienen los Estados. Además de esta iniciativa, Rivero garantizó que la consulta ciudadana que promueve su gobierno se realizará antes del 30 de noviembre. Ayer, precisamente, se ejecutó uno de los trámites que debe conducir a la celebración del referéndum: el envío al Consejo Consultivo del reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, en el que se regulan las condiciones en las que ha de desarrollarse el proceso.

Entre las actuaciones de la Administración autonómica para tratar de frenar las catas también figura la interposición de un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria por la autorización de los sondeos y de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el caso de que el Supremo conteste con una negativa -como presumiblemente hará- al incidente de nulidad planteado contra la sentencia que avaló el decreto que condecía los permisos de investigación.

Al margen de las vías jurídica y administrativa, el Gobierno regional pretende solicitar a Caixabank y Sacyr, accionistas mayoritarios de Repsol, que dejen en suspenso el proyecto de prospecciones "al menos" hasta que la ciudadanía canaria se pronuncie, avanzó Paulino Rivero. "Queremos que entiendan y compartan una posición que es mayoritaria entre la sociedad canaria", explicó el jefe del Ejecutivo poco después de insistir en que ambas empresas "están siendo presionadas por el regulador".

Según Rivero, los socios de Repsol en el proyecto de sondeos en Canarias -la australiana Wood-side y la alemana RWE- han renunciado a acometerlo por "el daño que provoca a su imagen llevar a cabo las prospecciones contra el posicionamiento político y social" del Archipiélago.

La única voz en el Parlamento favorable a los trabajos de exploración en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura -además del CCN, integrado en el grupo nacionalista, que votó contra una propuesta de resolución orientada a paralizar los sondeos- es el Partido Popular. En esta ocasión fue la diputada majorera Águeda Montelongo -y no el secretario general de la formación, Asier Antona, como en el pleno del pasado junio- la encargada de argumentar su posición. Lo hizo con un duro discurso contra Rivero, a quien acusó de usar la Cámara como un mitin de su partido, de centrarse en el petróleo como si fuera "el único problema que existe en Canarias" y de arrogarse la representación de todos los ciudadanos de las Islas. "Usted ha perdido su confianza", dijo.

En una intervención en la que atribuyó al presidente la responsabilidad de la mayoría de los problemas de la Comunidad Autónoma -desempleo, emigración de los jóvenes, falta de expectativas de los empresarios...-, Montelongo terminó definiendo la consulta como "un plebiscito sobre sí mismo" -en alusión a Rivero- y animó al jefe del Ejecutivo a "hacer lo que tenga que hacer". Eso sí, le advirtió de que el PP "estará aquí para exigirle el cumplimiento de la ley".

Por parte del grupo nacionalista, José Miguel Ruano calificó de "predeterminada" la decisión de dar vía libre a los sondeos y aseguró que Repsol entregó una información adicional para el informe ambiental el mismo día que se lo reclamó el Ministerio. El que los miembros del Gobierno central solo hayan contestado a la solicitud de autorización de un referéndum "en actos de partido los fines de semana" le parece a Ruano "un modo colonial de hacer las cosas", sin que ello tenga que ver con una hipotética reivindicación independentista, matizó.

Manuel Fajardo, del PSOE, denunció el "sectarismo", el "despotismo" y la "deslealtad institucional" del PP, mientras que Román Rodríguez, de Nueva Canarias (grupo mixto), llamó a la movilización ciudadana, una de cuyas expresiones es la consulta, que, avisó, tendrá "muchas limitaciones", en referencia a la imposibilidad de plantear una pregunta relacionada con las competencias estatales, caso de los hidrocarburos.

El Pleno aprobó una resolución en la que reprueba el silencio del Gobierno central tras la petición para que convocara un referéndum e instó al canario a convocar su propia consulta, informa Efe.

Dieciséis años, edad mínima para votar sobre los sondeos

El decreto del Gobierno de Canarias que desarrolla el procedimiento de consultas populares como la que pretende convocar este otoño sobre el petróleo deja a criterio del presidente de la comunidad autónoma, en este caso Paulino Rivero, rebajar la edad de los participantes a los 16 años, informa Efe.

El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, explicó ayer que el Consejo de Gobierno acordó remitir al Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el procedimiento de urgencia, lo que le obliga a emitir su informe en 15 días. El decreto confiere al presidente del Gobierno la potestad de fijar la fecha de la consulta y de decidir "los términos exactos de la pregunta o preguntas directas" que se plantearán.

La normativa que regulará las consultas populares en Canarias determina que, en el decreto de convocatoria de la consulta, el presidente del Gobierno concretará la edad a partir de la cual se puede participar en ella, "no siendo inferior a los 16 años, salvo para aquellas consultas que versen sobre asuntos de juventud, en los que podrá establecerse a partir de los 14", detalló Marrero.

La consulta se realizará tanto de forma presencial como telemática, a través de una aplicación informática que se está desarrollando, y en ella también podrán participar personas jurídicas que se inscriban con antelación en el Registro de Participación Ciudadana.

Respecto a la cantidad de población que podrá participar en la consulta, Marrero señaló que el Ejecutivo no dispone de un censo previo de la población y añadió que para que un ciudadano pueda dar su opinión tendrá que acreditar su edad mediante su DNI y su residencia en la Comunidad Autónoma.

El propio Rivero había avanzado en la mañana de ayer algunos contenidos del reglamento que desarrolla la participación ciudadana. Así, precisó que la consulta debe convocarse con al menos un mes de antelación, indicó que el proceso podrá contar con observadores y que una comisión de control paritaria supervisará su desarrollo.

La reseña del decreto difundida ayer por el Gobierno autonómico habla en todo momento de consulta, no de referendo; de participantes, no de votantes; y de opinión, no de voto.