La explicación del porqué va en función de quien la dé, pero el dato desnudo es que la efectividad de la mayoría de las grandes políticas de empleo en las Islas es cada vez menor a medida que pasan los años.

En 2010, el informe sobre la inserción laboral de los programas que integran las grandes políticas activas de empleo -dependientes del Servicio Canario de Empleo (SCE)- daba cuenta de que la de orientación profesional, que es una de las que mejor funciona debido al perfil del parado al que se dirige (universitarios que buscan mejorar su empleabilidad mediante el refuerzo de sus competencias), alcanzó una efectividad del 58,3%, pero en 2011 bajó al 48,9% para desplomarse a un 38,2% en 2012. En total, una pérdida del 20% en tres ejercicios consecutivos.

El criterio de la inserción relaciona la cifra de los que consiguen algún tipo de contrato por cuenta ajena con el número de participantes en cada programa.

Los datos expuestos aquí siempre se refieren a los que fueron empleados dentro del año siguiente al concluir su paso por la política de empleo (también es posible medir la inserción a los seis meses).

El deterioro de la efectividad en la formación profesional no es el único caso. La política de oportunidades de empleo y formación pasó del 49,2% de tasa de inserción en 2010 al 41,2% en 2011 y al 23,7% en 2012. Un desplome de más del 25% entre esos años.

Menos dramático es el retroceso de la tasa interanual de inserción en el caso de los programas enmarcados dentro de la política de formación y recualificación, que de una efectividad del 43,5% en 201o descendió al 43,9% en 2011 para aterrizar, al final, en un 35,6% en 2012.

La excepción es lo que ocurrió con las oportunidades para colectivos con especiales dificultades, que mejoró desde el 37,5% en 2011 al 46,2% en 2012.

¿Por qué cayó tanto la inserción de la mayoría de las políticas? La consejera regional de Empleo, Francisca Luengo, recuerda que el informe de 2012 señala que el retraso en la transferencia de los fondos por parte del Estado a Canarias influyó, así como también la disminución de los fondos por parte del Ejecutivo central.

En efecto, el informe de 2012 deja constancia de ambas circunstancias, que explican la caída en el número de beneficiarios de las políticas activas de empleo de ese año con la consecuente reducción de la tasa de cobertura -a cuántas personas llegan los programas de un colectivo en particular-.

Menos claro queda por qué bajaron los porcentajes de inserción -no la cifra aboluta de parados incluidos en los programas, sino la de quienes consiguieron un contrato laboral por cuenta ajena dentro del año siguiente a participar en alguna actuación desarrollada por el SCE-.

Luengo remarca, de nuevo, la tardanza del Estado en transferir los fondos, una situación que el informe de 2012 contempla para parte de los programas. De hecho, señala que algunos arrancaron en los dos últimos meses del año, por lo que su efectividad debería ser evaluada más bien en el informe de 2013.

En cambio, la situación de 2011 no admite ese argumento. El documento señala que durante ese ejercicio aumentaron tanto los beneficiarios como el presupuesto en relación a 2010, aunque también se produjo una caída en la inserción.

La portavoz del PP en materia de empleo, Aurora del Rosario, resta importancia a la explicación de Luengo e incide en que el problema es que la consejería "gastó tarde y mal".

Rosario apunta que todas las regiones recibieron el dinero del Estado al mismo tiempo, "pero mientras que Canarias dejó pasar el tiempo, otras comunidades autónomas empezaron a comprometer el gasto para avanzar en el desarrollo de sus políticas activas de empleo y, al mejorarlo, obtuvieron un plus en sus partidas".

"En cambio, ahora va a toda prisa con el cheque trabajo, porque el año próximo hay elecciones municipales y quiere maquillar las cifras de paro en seis meses", arremetió Rosario contra una medida que tampoco gusta a los sindicatos. "Claro que no la llevó a la concertación social, no se lo hubieran aprobado jamás", añadió en relación a su puesta en marcha en pleno agosto y sin ser discutida con los agentes sociales, en sintonía con las quejas de los propios sindicatos.

Luengo afirmó en su momento que el cheque trabajo no forma parte de los acuerdos de la concertación, sino que es una política activa de empleo cuyos fondos había que gastar antes de octubre -en caso contrario se perderían-, por lo que el Gobierno decidió ponerla en marcha ese mes.

La excepción a la bajada de la tasa de inserción es la política que engloba las oportunidades para colectivos con especiales dificultades, que pasó del 37,5% en 2011 al 46,2% en 2012.

Unas políticas "indefendibles"

A diferencia del PP, el portavoz de CCOO Canarias, Carmelo Jorge, "no juzga intenciones" en la puesta en marcha del polémico cheque trabajo, si bien critica que el Gobierno haya aprobado la medida de forma inconsulta con los agentes sociales. Coincide con Rosario al dudar de su efectividad, pero respalda a Luengo al afirmar que el retraso y los recortes de los fondos del Estado al SCE explican, "en parte" el retroceso de la inserción. "No se puede esperar que Canarias comprometa un dinero que no tiene", contradice a la portavoz popular.

Pero el asunto presupuestario no lo es todo para CCOO. "Hay que ser muy necio para defender las políticas activas de empleo con 340.000 parados en las Islas", arremete al señalar que el Gobierno regional justifica el gasto en esta materia "de forma legal, pero sin una estrategia". Sostiene que están desvinculadas de la política económica, social y educativa de la autonomía, por lo que urge que enfoque el asunto "de otra manera" para que funcionen. Sin embargo, el Ejecutivo deja en manos de los agentes que las aplican su diseño -en vez de dirigirlas- y se limita a captar fondos europeos "sin poner luego todo el dinero posible en su ejecución", lamenta.