Hoy se cumplen once años de la aparición, flotando en el mar cerca de Las Aguas, del cadáver de Marisa Hernández, la joven discapacitada intelectual que fue raptada, violada y asesinada el 9 de septiembre de 2003 en el casco de San Juan de la Rambla, a plena luz del día. Hoy se cumplen once años de impunidad para el asesino o los asesinos de Marisa, y once años también de desidia e ineficacia por parte de los responsables de hacer justicia.
En el debe de la Guardia Civil se mantiene, indeleble, el caso de Marisa Hernández. Una investigación inicial manifiestamente mejorable y un seguimiento posterior incomparable al de otros casos. Marisa es una víctima olvidada, de la que hace años que ningún mando de la Benemérita habla públicamente ni siquiera para recordar el aniversario de su muerte. Al menos las familias de Yéremi Vargas o Sara Morales tienen el consuelo de que la Guardia Civil asegura cada año que sigue trabajando para resolver sus casos.
Tampoco merece elogios la labor de los jueces que han asumido este caso en el Juzgado Número 1 de La Orotava, que lo mantiene sobreseido temporalmente y no atendió las últimas peticiones planteadas por la familia. Ni siquiera la Fiscalía ha mostrado especial interés en continuar con la investigación del rapto, violación y asesinato de Marisa. Sus intervenciones en los últimos movimientos del caso parecen puro trámite.
En los últimos años, solo el empuje de su humilde familia, asesorada por el criminólogo Félix Ríos y el abogado Andrés Martín Cruz, ha logrado que el caso se reabriera temporalmente entre 2009 y 2012. Parecía que la investigación podía avanzar, pero de nuevo se dio de bruces con un sistema que, según la familia, no pone todos los medios ni las ganas para resolver un crimen atroz. Solo la Policía Local y el Ayuntamiento ramblero han colaborado de forma decidida con una familia que continúa investigando por su cuenta.
Solicitaron al Juzgado Nº 1 de La Orotava nuevas pruebas de ADN de los restos, pero con técnicas "más modernas y eficaces que las aplicadas en 2003" por el Instituto de Toxicología de Canarias. "Desgraciadamente fue el mismo laboratorio que realizó las primeras pruebas el que repitió los análisis, con las mismas técnicas, por lo que se llegó a las mismas conclusiones y no se continuó la investigación", lamenta Ríos.
"Pedimos al Juzgado que las pruebas se hicieran en Galicia, en el laboratorio de referencia en España, y con técnicas más avanzadas, pero el Juzgado volvió a pedirlas al Toxicológico de Canarias que no encontró nada y el caso volvió a archivarse -critica Ríos-. Recurrimos el archivo, pero ni la Fiscalía nos apoyó para seguir investigando".
La familia de Marisa está harta e indignada con el trato que se ha dado al caso "desde un primer momento". Loli Hernández, hermana de la víctima, recuerda lo que considera graves errores de la Guardia Civil en momentos iniciales: retrasar el inicio de la búsqueda, anunciar que al día siguiente de la desaparición traerían perros para buscar rastros o desarrollar una investigación mejorable. Tanto que Ríos la califica como mala y habla incluso de la posible destrucción involuntaria de alguna prueba.
En la actualidad el caso está "absolutamente parado". Solo la familia y sus colaboradores siguen empujando, pero lamentan que ni siquiera puedan pagar de su bolsillo nuevas pruebas de ADN en otro laboratorio: "No podemos encargarlas porque necesitamos que la jueza autorice. Y tampoco nos apoya la Fiscalía", lamentan.
"Mientras tanto, el asesino o los asesinos llevan once años riéndose de todos: de la Guardia Civil, de la Justicia, de nosotros y de Marisa", sentencia Loli Hernández.
Loli Hernández, hermana de Marisa, lamenta el abandono que han sufrido y cree que "si se trabajara bien, este caso se resolvía. Tan difícil no es. Además, estoy segura de que si fuéramos millonarios, este caso estaría resuelto hace muchos años. Estamos hartos. Nos han abandonado porque somos del montón. Pero si hay otra vida, allí sí se hará justicia".
"Ya no sabemos que hacer, quizá nos queda pedir ayuda a la sociedad y a la Isla para que presionen a las autoridades para que se vuelva a investigar. Nos han matado una hermana, hemos sufrido lo que no está en los escritos y aquí no pasa nada. Parece que nos han matado a una mascota y nos tenemos que aguantar", asegura.
"Un crimen que ocurrió de día, en un pueblo tan pequeño, con una niña así... No se entiende cómo no se ha resuelto -lamenta-. Si alguien hablara. Llevamos años luchando para que alguien hable". Porque la familia de Marisa está convencida de que entre sus vecinos hay alguien que sabe qué ocurrió aquel 9 de septiembre.
"Estamos seguros de que alguien sabe quién mató a Marisa, pero serán amigos, vecinos o familiares, o tendrán miedo y no quieren líos", sostiene Loli Hernández.
Para tratar de lograr un testimonio que resuelva el caso, Félix Ríos, con el apoyo de la Policía Local de San Juan de la Rambla, trata de volver a conversar con todos los vecinos de la confluencia de calles donde se vio por última vez a Marisa. "Esto podría hacerlo la Guardia Civil, pero lo estamos haciendo nosotros", asegura resignado.
"Parece que aquí todo depende de tener mucho dinero, si fuéramos ricos, ya habrían encontrado a los asesinos", insiste Hernández.
La familia ve como pasa el tiempo y "nadie hace nada": "Hace mucho que nadie nos llama, ni el Juzgado ni la Guardia Civil. Tampoco entendemos por qué no dejan que las pruebas de ADN se hagan en Galicia o en Madrid. No lo entendemos".