Pareja, dos niños y 120 euros como única entrada fija al mes. Esa es la situación. Vivían desde hace cuatro años de alquiler, en una casa en pésimas condiciones que se inundaba cuando llovía, y se vieron en la obligación de elegir entre afrontar el pago de su hogar o comer. Optaron, tampoco les quedaba más remedio, por entrar de okupas en un inmueble municipal en el barrio de Mirca, en Santa Cruz de La Palma. Ahora, el ayuntamiento espera obtener el beneplácito de la justicia para hacer que abandonen la vivienda.
"Sabemos que no está bien, pero lo hicimos por necesidad. ¿Qué podíamos hacer? Ya no teníamos dinero para pagar el alquiler, las facturas se acumulaban y había que dar de comer a mis hijos", una niña de 10 años y un niño de 8. Carmen Plata tiene que esforzarse para aguantar las lágrimas, lo que no siempre logra. Agradece "el apoyo de mi padre", pero es consciente de que "siempre no podrá ayudarnos".
Lleva casi un mes en la casa: "Nos tiramos la manta a la cabeza y entramos. Era de día, las seis de la tarde. Luego, nos ayudaron a traer las cosas y meterlas en la vivienda". Ha ido adaptando el inmueble. Primero retiró el escombro, también enseres que estaban dentro de la edificación. Luego fue poniendo cableado nuevo, colocando sus escasas pertenencias, llenándolo todo, a la postre, de vida y, también, del calor que ofrece una familia unidad contra la adversidad. Contra todo lo que venga.
La casa no tiene puerta de entrada, "pero le hemos puesto una cortina para tener intimidad", mientras que las ventanas de la parte de detrás de la construcción "están tapadas con madera". Repite varias veces que los vecinos de la zona "nos ayudan mucho y se lo agradecemos".
La familia es consciente de que el ayuntamiento de la capital pretende desalojarlas de la casa. Desde la corporación local se afirma que no se puede permitir que una familia entre de forma ilegal en una vivienda, por muy municipal que sea. A propósito, Carmen Plata afirma que los tres líderes de los grupos con representación municipal, el alcalde, Juan José Cabrera (PP); el primer teniente de alcalde, Sergio Matos (PSC); y el portavoz de la oposición, Juan Ramón Felipe (CC), "sabían lo que estábamos viviendo y que íbamos a optar por meternos en una de las casas municipales que se encontraban vacías. Lo sabían porque personalmente les he mandado mensajes", pero "uno me agacha la cabeza, el otro dice que él no se la juega por nada y el tercero ni nos responde".
Le cuesta hablar con tranquilidad, la situación que vive es compleja, pero hay algo, al menos una cosa, que a Carmen Plata le da fuerzas, su hija de 10 años: "Ella sabe lo que estamos viviendo, los niños escuchan y no son bobos, y lo que me dice es: Mami, para adelante. Si no me dijera eso, me hundiría".
Una vivienda que el ayuntamiento debe derruir
La vivienda que se encuentra ocupada de forma ilegal por la familia que el ayuntamiento pretende desalojar debe ser derruida por la propia corporación local, en virtud de un convenio que firmó con el Estado y el Gobierno de Canarias para reubicar a las familias adjudicatarias, junto a las que residían en el antiguo albergue, en una promoción de nueva construcción en la calle Galguén. Sin embargo, una de las familias que lleva años viviendo en Mirca se ha negado, al menos por ahora, a abandonar su hogar, al entender que pese a no ser ni mucho menos nueva, se ajusta mejor a las necesidades básicas de sus miembros por disponer de más habitaciones. En este caso, la situación parece aún más compleja de solucionar.